Dina Boluarte investigada por presunto aporte de campaña de 2021

¿De qué trata la nueva investigación contra Dina Boluarte?

La Fiscalía de Lavado de Activos abrió una nueva investigación preliminar contra Dina Boluarte por el supuesto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Según la hipótesis fiscal, durante la segunda vuelta de la campaña de 2021, cuando era candidata a la vicepresidencia, Boluarte habría recibido S/ 150 mil del empresario Eduvigis Beltrán Salinas.

El dinero habría sido usado para costear una batucada, es decir, un grupo de jóvenes que con tambores y percusión animaba sus actividades de campaña.

¿Cómo habría ocurrido el presunto aporte?

Según la disposición fiscal, el 19 de mayo de 2021 se realizó una reunión en una casona del Cercado de Lima. En ella habrían estado presentes Boluarte, su asistenta de campaña Marcela Saldarriaga, la ciudadana Maritza Sánchez, y el empresario Beltrán.

En ese encuentro, Beltrán se habría comprometido a entregar S/ 150 mil. El dinero, según la investigación, se habría entregado entre el 19 y el 26 de mayo, posiblemente tras una coordinación en un almuerzo en el restaurante El Hornero. No se ha determinado si Boluarte recibió directamente el dinero o a través de un intermediario.

¿Boluarte sigue siendo investigada como presidenta?

No. En este caso, la investigación no requiere autorización del Congreso porque los hechos ocurrieron antes de que ella asumiera funciones públicas, es decir, no tenía condición de aforada. Por eso, puede ser investigada directamente por la Fiscalía sin restricciones legales especiales.

La presidenta ha sido citada a declarar el próximo 14 de octubre de 2025 ante la Fiscalía. Esta nueva indagación es parte de una carpeta más amplia sobre lavado de activos vinculada a su entorno político.

¿Qué dijo el empresario acusado de entregar el dinero?

Eduvigis Beltrán ha negado haberse reunido con Dina Boluarte o con las otras personas mencionadas en el informe. También ha asegurado no conocer personalmente a la presidenta, por lo que la Fiscalía determinó que no es necesario tomarle declaración en esta etapa del proceso.

Por su parte, la exasistenta de campaña Marcela Saldarriaga, señalada como posible intermediaria, falleció en agosto de 2023. La Fiscalía solicitó al Reniec el acta de defunción para oficializar ese dato en el expediente.

¿Este dinero fue declarado ante las autoridades electorales?

Ese es justamente uno de los puntos centrales de la investigación. La Fiscalía busca determinar si el dinero fue declarado a la ONPE y si cumplió con las normas electorales vigentes. Si no se declaró, se trataría de un financiamiento ilícito o prohibido, lo que está penado por la ley.

Además, se investiga si el dinero provino del patrimonio personal de Beltrán o de empresas vinculadas a sus actividades económicas, lo que podría agravar el caso.

¿Este caso tiene consecuencias para la ciudadanía?

Sí. Si se confirma que una figura que hoy ejerce la presidencia recibió dinero ilegal en campaña, eso afecta la confianza ciudadana en los procesos electorales. Además, abre la posibilidad de que intereses privados hayan influido en decisiones de gobierno posteriores.

Este caso también muestra cómo las reglas de financiamiento político son claves para garantizar elecciones justas, sin ventaja indebida para ningún candidato.

¿Hay otras investigaciones abiertas contra Dina Boluarte?

Sí. Además de esta nueva indagación, Boluarte ha sido denunciada por la Fiscalía de la Nación en relación con las muertes durante las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

Aunque el Congreso archivó la denuncia constitucional por estos hechos el 18 de julio, la investigación penal continúa en el Ministerio Público. Se busca establecer si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, con conocimiento del Ejecutivo.

¿Qué pasa con el caso “Cofre” y Vladimir Cerrón?

Otro proceso en curso es el llamado caso “Cofre”, en el que se acusa a Boluarte de encubrimiento personal por haber facilitado presuntamente la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

La Fiscalía sostiene que un vehículo oficial, no susceptible de ser intervenido, fue enviado por orden de la presidenta hasta un condominio en Cañete, donde Cerrón fue visto por última vez antes de desaparecer. La mandataria ha sido citada en tres ocasiones para declarar, pero solo asistió una vez y se acogió al silencio.

¿Qué sigue en adelante para Boluarte?

El futuro legal de la presidenta dependerá del avance de estas investigaciones. La citación del 14 de octubre será clave, así como los resultados de las diligencias que la Fiscalía viene realizando.

Además, el Congreso deberá decidir si admite las denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público, lo que abriría la puerta a posibles procesos de sanción política o incluso inhabilitación.

Mientras tanto, la situación legal de Dina Boluarte continúa acumulando frentes abiertos, en un contexto de fuerte presión política y desconfianza ciudadana.

¿Qué autoridad está a cargo de esta investigación?

La nueva investigación contra Dina Boluarte está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, una dependencia del Ministerio Público que tiene competencia nacional para indagar casos complejos relacionados con el origen ilícito de fondos, especialmente los que involucran a partidos políticos, empresas o funcionarios públicos.

Esta fiscalía ya ha intervenido en otros casos de alto perfil, incluyendo investigaciones a líderes políticos y candidatos presidenciales, bajo la sospecha de financiamiento irregular de campañas. En este caso, actúa en etapa preliminar, lo que significa que está recopilando elementos de convicción antes de decidir si formula una denuncia penal.

Dentro de esta etapa, ya se han dispuesto diligencias clave, como la solicitud del acta de defunción de Marcela Saldarriaga Ortiz, señalada como posible intermediaria en la recepción del dinero, y la revisión de los registros patrimoniales y empresariales de Eduvigis Beltrán Salinas, el presunto aportante de los S/ 150 mil.

Además, se espera que la Fiscalía cruce información con la ONPE y con entidades financieras para verificar si el dinero fue reportado formalmente o si ingresó por canales no declarados, lo cual configuraría un acto de financiamiento prohibido según la legislación vigente en materia electoral.