Espinoza enfrentará investigación en el Congreso por caso CNM

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, por mayoría, el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La denuncia fue presentada por el congresista Alejandro Muñante y cuestiona el archivamiento de una investigación contra el exfiscal supremo Pablo Sánchez, vinculado al escándalo del caso CNM Audios.

Según el documento, Espinoza habría incurrido en una infracción constitucional al ordenar el cierre del proceso que indagaba una presunta intervención indebida de Sánchez en la manipulación de material probatorio relacionado a los audios del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Para el Congreso, esa decisión amerita un proceso de responsabilidad política y eventualmente penal.

¿Qué se cuestiona exactamente?

La denuncia sostiene que Espinoza archivó de forma injustificada una investigación que debía esclarecer si Pablo Sánchez tuvo participación directa en la filtración o alteración de audios que comprometían a consejeros del CNM y a otras autoridades judiciales. El caso es particularmente sensible, pues los “CNM Audios” fueron la base para la reforma del sistema de justicia iniciada en 2018 y la desactivación del órgano de selección y nombramiento de jueces y fiscales.

El informe aprobado por la subcomisión no afirma la culpabilidad de Espinoza, pero sí que existen indicios razonables que justifican el inicio de una investigación parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso será la siguiente instancia que deberá pronunciarse sobre la admisión del caso a trámite. Si es aprobado, se conformará una subcomisión instructora que evaluará pruebas, escuchará descargos y emitirá un informe final.

María Acuña defiende legalidad del proceso

La presidenta de la subcomisión, María Acuña, defendió la decisión adoptada. En declaraciones a la prensa, subrayó que su gestión ha respetado escrupulosamente los plazos y reglas del reglamento del Congreso. “No he venido a perseguir a ningún funcionario público. He actuado con respeto a la ley y todas las decisiones han sido por mayoría de bancadas”, señaló.

Acuña también reconoció que ha recibido presiones, tanto internas como externas, para acelerar o frenar casos sensibles, especialmente aquellos que involucran a fiscales supremos. En ese sentido, instó a “ser prudentes” y garantizar el derecho de defensa de todas las autoridades acusadas.

Cambio de legislatura y continuidad del proceso

Uno de los factores que podría influir en el desarrollo del caso es el cambio de legislatura que ocurrirá en las próximas semanas. Al respecto, Acuña aseguró que la subcomisión dejará un informe de transferencia al nuevo presidente o presidenta, y que el proceso continuará sin interrupciones.

“El informe pasa al nuevo titular y todo sigue su curso. La subcomisión es parte de la Comisión Permanente y por tanto sus funciones continúan”, explicó. En paralelo, también se aprobó la denuncia constitucional contra el expremier Alberto Otárola por presunto abuso de autoridad, proceso que seguirá los mismos pasos procedimentales.

Fricciones entre Congreso y Fiscalía

La decisión de investigar a Delia Espinoza se produce en un contexto marcado por una prolongada tensión entre el Congreso de la República y el Ministerio Público. Espinoza asumió como fiscal de la Nación en diciembre de 2023, luego de la suspensión de Patricia Benavides por decisión de la Junta Nacional de Justicia. Desde entonces, ha encabezado una gestión centrada en la reorganización interna del MP, la continuidad de investigaciones emblemáticas y la defensa de la autonomía fiscal.

No obstante, su administración ha sido blanco de críticas desde sectores del Congreso, especialmente tras el respaldo público que brindó a las decisiones de la JNJ. Algunos parlamentarios consideran que su permanencia en el cargo impide el retorno de Benavides y contribuye al “bloqueo institucional”. Otros señalan que existe una estrategia para someter al Ministerio Público a presiones políticas.

¿Cuál podría ser el desenlace?

Si la Comisión Permanente admite la denuncia a trámite, se abrirá una etapa de investigación que podría extenderse varias semanas. Durante ese periodo, la fiscal de la Nación tendrá la oportunidad de presentar pruebas, responder a los cargos y ejercer su derecho de defensa. El informe final de la subcomisión instructora puede recomendar el archivo del caso o la formulación de acusación constitucional.

De llegar a esta última instancia, el Pleno del Congreso deberá votar si se inhabilita o destituye a Espinoza del cargo. La decisión final requerirá una mayoría calificada, lo que dependerá del clima político y de las correlaciones de fuerza entre las bancadas.

En paralelo, Espinoza podría presentar recursos judiciales o constitucionales en defensa de su autonomía funcional, lo que abriría una nueva etapa en la confrontación entre el Poder Legislativo y el sistema fiscal.

Sin pronunciamiento oficial de la Fiscalía

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento institucional sobre la decisión del Congreso. Tampoco se ha pronunciado directamente Delia Espinoza, aunque fuentes cercanas a su entorno aseguran que asumirá la defensa dentro del marco constitucional y no contempla renunciar al cargo.

En el escenario actual, su permanencia como fiscal de la Nación dependerá tanto de su capacidad para enfrentar el proceso con solvencia legal, como de las decisiones políticas que adopte el Parlamento en los próximos meses.