Crisis en el Ministerio de Justicia por recorte presupuestal

El Ministerio de Justicia (MINJUS) enfrenta una grave crisis operativa tras dejar de pagar por los servicios esenciales de limpieza y seguridad en nombre del ahorro. Según Pedro Csar Ruiz Cerna, Jefe de la Oficina General de Administración, la entidad arrastra un déficit presupuestal de gestiones anteriores. Además, el Decreto de Urgencia 123 emitido en enero establece que las entidades públicas solo pueden ejecutar el 90% de su gasto corriente, lo que obligó a realizar ajustes drásticos para priorizar pagos de beneficios laborales del personal CAS.

¿Qué impacto ha tenido la falta de aseo en las oficinas públicas?

La ausencia de personal de limpieza ha convertido diversas dependencias en espacios insalubres. Se han reportado baños atorados, acumulación de basura y hasta la presencia de roedores en oficinas de la sede del Centro de Lima. Esta situación forzó a que el personal administrativo asumiera tareas de limpieza en los primeros días y que, posteriormente, muchas sedes optaran por el teletrabajo, afectando directamente la atención presencial a la ciudadanía en distritos como Comas, San Juan de Miraflores y el Callao.

¿Qué sucedió con el contrato del Consorcio 906 SAC?

A pesar de que el Consorcio 906 SAC ganó el concurso público para la limpieza de las sedes de Lima y Callao el 17 de abril, el propio ministerio dio marcha atrás apenas dos días después. La institución informó a la empresa que no podía suscribir el acta de instalación por falta de presupuesto. Pedro Yáñez Sánchez, gerente de la empresa, señaló que el MINJUS redireccionó esos fondos para cumplir con el pago de CTS y gratificaciones de los trabajadores bajo el régimen CAS, tras una nueva normativa del Congreso.

¿Se ha logrado solucionar la falta de limpieza actualmente?

Tras semanas de paralización y quejas de usuarios que buscaban asesoría legal gratuita, el Ministerio de Justicia finalmente firmó el acta de inicio de servicios con el Consorcio 906. El acuerdo se selló por más de 19 millones de soles para un periodo de 3 años, curiosamente el mismo monto proyectado antes de la crisis. Aunque las autoridades aseguran que se ha logrado un ahorro del 25% en el contrato, no han sabido precisar los montos exactos de gestiones previas, dejando dudas sobre si el caos y la afectación al servicio público eran evitables.