Contraloría detecta gasto millonario en el canal del Estado

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que opera el Canal del Estado, inició el pago de un alquiler millonario por un local que todavía no puede utilizar. La Contraloría alertó que la falta de implementación adecuada genera pérdidas diarias para el Estado.

Desde el 11 de agosto, el contrato de arrendamiento por más de 16 millones de soles comenzó a correr, pese a que las instalaciones aún no están listas. Las obras de acondicionamiento a cargo de la empresa Miski Sociedad Anónima Cerrada no fueron concluidas dentro del plazo establecido, según un reciente informe de control.

¿Por qué el Canal del Estado alquiló un nuevo local?

La decisión se basó en la necesidad de desocupar las antiguas instalaciones de TV Perú en Santa Beatriz. Según el IRTP, el inmueble no cumplía con condiciones mínimas de seguridad y existía hacinamiento en sus ambientes. Esta situación, argumentan, justificaba el traslado a un nuevo espacio.

No obstante, exautoridades del canal, como Hugo Coya, señalaron que en gestiones anteriores ya se habían realizado ampliaciones y adecuaciones internas para resolver estos problemas. También criticaron que se opte por un alquiler millonario en lugar de invertir en infraestructura propia.

¿Cuánto está perdiendo el Estado por este contrato?

La Contraloría General de la República identificó que, tras el vencimiento del periodo de adecuación, el canal ya enfrenta pagos diarios de más de S/11 mil por un local inutilizable. A esto se suman más de S/2.5 millones ya desembolsados para implementar el espacio, sin resultados visibles.

Durante la inspección realizada el 19 de agosto, se encontró que el inmueble aún carece de divisiones internas, servicios higiénicos habilitados, camerinos y oficinas administrativas. Además, las etapas de obra previstas en el contrato (a los 15, 30 y 50 días) no se cumplieron, y los residuos de demolición no habían sido retirados.

¿Quién firmó el contrato del nuevo local del Canal del Estado?

El contrato fue suscrito el 22 de abril con la empresa Miski Sociedad Anónima Cerrada, durante la gestión de Ninoska Chandía, exjefa del IRTP. Esta funcionaria es cercana al entorno de la presidenta Dina Boluarte y también fue cuestionada por su falta de experiencia en medios.

La actual jefa del IRTP, Adriana Rodríguez Jadrosich, ha atribuido los retrasos a la empresa contratista, asegurando que aún se encuentra dentro del periodo de gracia. Sin embargo, la Contraloría afirma que el contrato ya entró en vigencia y que los pagos están legalmente habilitados, generando un perjuicio económico para el erario nacional.

Cada día que pasa sin que el canal estatal pueda usar el nuevo local, el Estado pierde recursos públicos. A falta de medidas concretas para frenar estos pagos o modificar el contrato, el Canal del Estado se encuentra atrapado en una situación que compromete su eficiencia operativa y su responsabilidad fiscal.