Contraloría aclara dudas sobre contrato de televisión por cable
Contraloría aclara que contratación de televisión por cable cubre 117 sedes por tres años y niega vinculación con eventos deportivos
La Contraloría General de la República difundió un comunicado oficial para responder a los cuestionamientos surgidos en plataformas digitales sobre la contratación del servicio de televisión por cable. La institución detalló que este servicio está destinado a 117 sedes en todo el país, abarcando las oficinas centrales y las 22 Gerencias Regionales de Control que operan en las distintas regiones.
Según el organismo, la instalación de estos canales nacionales e internacionales responde a la necesidad de realizar un seguimiento permanente a los asuntos de interés público. La evaluación de noticias políticas, económicas y financieras sirve como soporte diario para las funciones de fiscalización que realiza el personal de la entidad.
¿Es este un contrato nuevo o vinculado a un evento deportivo?
La institución aclaró que no se trata de un gasto extraordinario ni de un servicio contratado para la transmisión de un evento deportivo. La Contraloría informó que mantiene la contratación de este servicio de manera ininterrumpida desde el año 2021, siguiendo los canales previstos por la ley de contrataciones del Estado.
Respecto al proceso vigente, este comenzó con el Concurso Público Abreviado de Servicios N.° 001-2026-CGR. Tras un primer intento donde el ganador no completó el trámite, la entidad lanzó una nueva convocatoria en mayo de 2026 para evitar que las sedes se quedaran sin el servicio de monitoreo.
¿Por cuánto tiempo se firmó el acuerdo y qué condiciones tuvo la licitación?
El contrato definitivo, bajo el registro N.° 041-2026-CGR, se firmó el pasado 15 de junio de 2026 con un tiempo de vigencia de 1,095 días calendario, es decir, tres años de servicio. La entidad remarcó que el presupuesto total asignado cubre los tres años completos para todas las oficinas del país, desmintiendo que el monto corresponda a una cobertura de corta duración.
La adjudicación se realizó conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas. Durante la fase final del concurso, una única empresa participante logró cumplir con la totalidad de las exigencias técnicas y legales requeridas para firmar el acuerdo.














