ONPE emite comunicado tras hallazgos de Contraloría por primera vuelta

Pocas horas después de que la Contraloría General de la República hiciera público un demoledor informe de control que imputa cargos penales y administrativos a diez funcionarios clave por el colapso en el reparto de material de sufragio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rompió el silencio.

Mediante un comunicado de prensa difundido la noche de este lunes 25 de mayo, la institución fijó su postura y anunció las acciones de urgencia destinadas a esclarecer la conducta de su personal corporativo.

Procesos disciplinarios y análisis de los 14 tomos de auditoría

La alta dirección de la ONPE confirmó la recepción formal del documento titulado "Proceso de Contratación del Servicio de Transporte y Distribución del Material y Equipos Informáticos Electorales de Lima Metropolitana y Callao en el marco de las Elecciones Generales 2026".

Ante la gravedad de los hallazgos que involucran de forma directa a gerentes, subgerentes y evaluadores de la gestión que lideró Piero Corvetto Salinas hasta abril pasado, la Gerencia General del organismo ordenó la intervención inmediata de su fuero interno de fiscalización.

La Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la ONPE fue facultada para notificar de manera perentoria a los diez implicados, exigiéndoles un descargo formal y el deslinde de sus presuntas responsabilidades de acuerdo con los marcos legales vigentes de la administración pública.

Asimismo, la institución precisó que el equipo legal y técnico se encuentra revisando la documentación enviada por el órgano de control, la cual posee una extensión excepcional de 6,578 hojas estructuradas a lo largo de 14 tomos independientes de evidencia.

El trasfondo del colapso del 12 de abril

El pronunciamiento de la ONPE busca contener el impacto político de una investigación que pone en tela de juicio la limpieza de los procesos logísticos del pasado 12 de abril. Las pesquisas de la Contraloría determinaron que los comités de selección de la ONPE modificaron los criterios de las bases de licitación a mitad del concurso para beneficiar a un proveedor de transportes sobrevaluado por más de 469 mil soles frente a competidores idóneos.

La cadena de negligencias continuó con la firma de adendas adicionales que elevaron el flete por kilo de equipos informáticos de S/ 0.60 a S/ 6.00, beneficiando al operador privado. Finalmente, los funcionarios autorizaron cambios drásticos en 43 rutas de distribución a pocas horas del inicio de las votaciones generales, asignando trayectos de cuatro horas a camiones que por restricciones viales requerían un mínimo de ocho horas.

Esta falta de previsión provocó que 187 mesas en Lima Metropolitana nunca abrieran sus puertas, conculcando el derecho al sufragio de 55,261 ciudadanos peruanos.

La ONPE se pronunció a través de un comunicado tras el informe emitido por la Contraloría que atribuye responsabilidades de índole penal y administrativa a 10 trabajadores y exdirectivos de la entidad. La Gerencia General dispuso que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios tome el caso para requerir formalmente el deslinde de responsabilidades a los servidores involucrados en las fallas de la primera vuelta. El organismo electoral puntualizó que el reporte auditor, recibido este lunes 25 de mayo, comprende una exhaustiva investigación de 14 tomos y más de 6,500 folios referidos a las irregularidades del transporte de material de sufragio.