Hoy:

    Congresista Yarrow exige respuestas tras muerte de Ashley Vargas

    Congresista solicitó un informe detallado sobre el estado de los asientos eyectables del KT-1P. Fiscalía investiga presunta negligencia en el caso.

    Foto y video: Canal N

    El caso de la alférez FAP Ashley Vargas Mendoza continúa generando repercusiones políticas e institucionales. Esta vez, la congresista Norma Yarrow exigió al Ministerio de Defensa un informe técnico detallado sobre el estado del sistema de eyección de la aeronave en la que falleció la joven piloto el pasado 20 de mayo.

    ¿Qué solicitó exactamente la congresista?

    En su oficio dirigido al ministro Walter Astudillo, Yarrow pidió información precisa sobre las condiciones del asiento eyectable del avión KT-1P y los protocolos de mantenimiento aplicados antes del vuelo de instrucción. La parlamentaria expresó su preocupación ante la posibilidad de que el sistema no haya estado operativo.

    “El avión donde falleció la alférez Vargas pudo haber tenido fallas evitables”, señaló. Por ello, invocó el artículo 69 del reglamento del Congreso para requerir formalmente los detalles técnicos.

    Además, solicitó que se brinde un diagnóstico sobre los sistemas de eyección en todas las aeronaves de instrucción en uso por la Fuerza Aérea del Perú, así como en las que cumplen otras funciones operativas.

    ¿En qué estado está la investigación fiscal?

    La Primera Fiscalía Penal de Pisco confirmó el hallazgo del cuerpo de Ashley Vargas el pasado jueves 5 de junio, tras su desaparición durante un vuelo de instrucción frente a Paracas. Su cuerpo fue hallado junto a parte de la cabina del avión KT-1P, aún sujeto a su asiento eyectable.

    La fiscal Gladys Torres Lobato lidera las diligencias por presunto homicidio culposo. Los trabajos forenses incluyen la necropsia, el análisis de la aeronave siniestrada y la revisión de los reportes técnicos. Se han sumado especialistas de Lima para fortalecer la investigación.

    ¿Qué se espera ahora?

    Yarrow afirmó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los cadetes y oficiales en formación. “No se puede permitir que una tragedia como esta quede sin explicación ni consecuencias”, expresó.

    Mientras la opinión pública espera respuestas, el caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de fiscalizar el estado de los equipos militares y el cumplimiento de protocolos de seguridad en la instrucción aérea.