Caso Cofre: Fiscalía denuncia a Boluarte y Santiváñez

La Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y su exministro del Interior Juan José Santiváñez. Ambos están involucrados en el llamado “caso Cofre”, relacionado con la presunta fuga del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

¿De qué se acusa a Dina Boluarte y Juan José Santiváñez?

A la presidenta Boluarte se le acusa de encubrimiento personal por, presuntamente, haber facilitado la huida de Cerrón usando un vehículo presidencial. Este vehículo, conocido como “el Cofre”, está protegido por inmunidad frente a intervenciones policiales.

Por su parte, el exministro Santiváñez fue denunciado por omisión de denuncia, ya que no habría informado a las autoridades del supuesto encubrimiento.

¿Qué ocurrió con el vehículo presidencial?

La Fiscalía señala que el vehículo fue enviado al condominio Asia del Sur, en Cañete, durante operativos policiales destinados a capturar a Cerrón. Al tratarse de un vehículo oficial, no podía ser intervenido, lo que habría permitido que el prófugo evadiera la captura.

El traslado del vehículo fue presuntamente ordenado por Boluarte para encubrir a Cerrón, exgobernador de Junín, prófugo desde octubre de 2023 por casos de corrupción.

¿Dina Boluarte declaró ante la Fiscalía?

La presidenta fue citada tres veces por este caso. No acudió a la primera citación el 15 de enero, guardó silencio en la segunda el 29 del mismo mes, y no asistió a la tercera el 5 de marzo. Estas inasistencias se dieron a pesar de que en diciembre de 2024, en un mensaje a la Nación, ella misma pidió ser citada por la Fiscalía.

El comportamiento ha sido cuestionado por diversos sectores políticos y podría influir en la evaluación del caso en el Congreso.

¿Qué impacto tiene esta denuncia para el país?

El caso se suma a otras denuncias recientes contra la presidenta, lo que aumenta la presión sobre el Ejecutivo y genera preocupación sobre la estabilidad política del país. Si el Congreso admite a trámite esta denuncia, podría iniciarse un proceso de acusación constitucional.

Además, este caso pone nuevamente en debate el uso de recursos públicos con fines personales o políticos y la falta de transparencia en el manejo del poder.