Las argucias legales del expresidente Toledo para no convertirse en el nuevo inquilino del penal Barbadillo

En algunas semanas un próximo inquilino podría llegar a esta prisión, que ya va acogiendo a 3 expresidentes requeridos por la justicia. En abril, Alejandro Toledo Manrique podría ser el cuarto exmandatario peruano en ocupar una celda en Barbadillo luego que la justicia estadounidense ordenara esta semana su extradición al país.

Seis años han pasado desde que Alejandro Toledo salió del Perú rumbo a los Estados Unidos y desde entonces no ha vuelto al país.

Toledo salió del Perú apenas se conoció que Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, reconoció que le pagó una coima de varios millones de dólares. Recién, después de su salida, la justicia pidió su captura, le dieron impedimento de salida del país, 18 meses de prisión preventiva, e incluso se allanó su casa de la urbanización Camacho en la Molina. Pero ya era demasiado tarde. Toledo, una vez más le había sacado la vuelta a las autoridades y se auto refugiaba en los estados unidos.

Desde entonces, seguro de que no volvería al Perú, lo hemos visto gozando de su libertad en varios momentos durante su estadía en california. Dribleando todos los pedidos de la justicia peruana  que  desde mayo 2018 a través de la Cancillería , solicitaba su extradición de los Estados Unidos.

Todos estos años ha intentado con argucias legales impedir que la justicia peruana lo traiga de vuelta para responder por la presunta coima de 35 millones de dólares que Odebrecht le habría pagado por la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Pagos tantas veces negados por él.

Pero lo que no pudo impedir Toledo fue ser detenido en julio del 2019 tras la decisión de un tribunal como parte del proceso impulsado por la Fiscalía del Perú, y aprobado por la Corte Suprema y el Consejo de Ministros para lograr su retorno a nuestras tierras.

Desde entonces permaneció 9 meses recluido en prisión por riesgo de fuga, pero en marzo 2020 abandonó la prisión en el condado de San Mateo, California, luego de pagar una fianza de 500 mil dólares en efectivo, y otro 500 mil en propiedades inmobiliarias en los EE.UU., fianza   impuesta para conseguir el arresto domiciliario.

El juez de ese condado Thomas Hixson, ordenó que Toledo Manrique sea puesto en libertad ante el peligro de contraer el covid, pero dispuso que permaneciera en su domicilio, vigilado por un grillete electrónico.

Este fue el día en que dejó la prisión y empezaba a gozar junto a su esposa Eliane Karp. De este arresto domiciliario que en cuestión de semanas podría terminar, pues el próximo 9 de marzo se llevará a cabo la audiencia para ver si se le revoca o no la fianza y, de ser así, será puesto a disposición del servicio de policía de los EE.UU. para iniciar la entrega al estado peruano.

Pero Toledo sigue jugando sus últimas batallas legales en los EE.UU. para intentar no ser traído a nuestro país. Su defensa presento otro recurso legal para frenar este proceso de extracción, lo único que consiguió fue que  una jueza le conceda 7 días para que sustente  los motivos  por los que está en contra de su extradición. Por tanto, detuvo proceso solo unos días.

Sin embargo, no es el único recurso legal presentado por Toledo que los tribunales tienen pendiente. El 6 de marzo deben resolver el habeas corpus que el expresidente presento para desestimar la primera decisión que daba luz verde a la extradición.

Es evidente que los testimonios de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht, y del examigo de Toledo, Josef Maiman, en el año 2019, quienes confesaron, uno que pagó la coima de 35 millones, y el otro, haberse sentido utilizado, han otorgado contundencia al caso y han desbaratado las múltiples versiones que Toledo ha dado mientras se refugiaba en los Estados Unidos para eludir las acusaciones de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión.

Si bien es cierto la extradición que puede traerlo directo al penal de Barbadillo es por el caso Odebrecht, al hallarse suficientes indicios del favorecimiento en la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, no hay que perder de vista el caso Ecoteva. La investigación fiscal determinó que con el dinero pagado por Odebrecht se constituyó la fundación Ecoteva Consultig Group que tenía como propietaria a Eva Fernenbug, suegra del expresidente. Con esta empresa se compró la casa de las casuarinas, la oficina en el edificio omega y se pagó las hipotecas   de las otros  inmuebles . 

Por tanto, existen muchas posibilidades que la situación legal de Alejandro Toledo se resuelva sin más trabas de las que hasta hoy ha puesto su defensa.

El cholo sano y sagrado tuvo la posibilidad de entregarse, o de esperar que vayan a su domicilio a detenerlo, pero optó por el camino más largo y complicado, pero que de igual forma lo llevará al mismo lugar del que ha tratado de huir desde hace 6  años: la cárcel.