Desarticulan banda criminal La red del silencio en el Callao

La organización criminal conocida como La red del silencio operaba en la zona de Oquendo, en el Callao, ejecutando cobros ilegales de cupos a choferes de transporte público e incluso en puestos de venta de desayunos. La banda infiltró a miembros de su red criminal como conductores y cobradores en actividad dentro de las mismas empresas de transporte. El rol específico de estos infiltrados no era realizar el cobro del dinero, sino vigilar y actuar como los ojos y oídos de la organización en tiempo real.

Estos falsos choferes reportaban de forma constante los horarios de salida, llegada, rutas y, principalmente, identificaban a los transportistas que se mostraban reacios a pagar los cupos extorsivos. Una vez detectados los conductores que se negaban al pago, la banda procedía a amedrentarlos o acribillarlos, registrándose al menos cuatro atentados con armas de fuego. Las víctimas debían pagar de forma simultánea a una, dos o hasta tres bandas delictivas a la vez para poder trabajar.

¿Qué tecnología se empleó para la captura de los extorsionadores?

La desarticulación de la banda fue posible mediante un seguimiento de varios meses apoyado por el uso de inteligencia artificial a través de las 740 cámaras en línea de la municipalidad. El alcalde del Callao detalló que el sistema informático permitió registrar pruebas tangibles mediante algoritmos de reconocimiento de rostro y de placas de rodaje, logrando marcar y hacer el seguimiento de los sospechosos según sus rasgos y vestimenta para facilitar su detención por parte de la Policía Nacional del Perú.

El operativo policial culminó con la captura de 18 de los 26 presuntos integrantes de la organización criminal, entre ciudadanos peruanos y venezolanos. Entre los detenidos se encuentran los tres choferes encargados de recopilar la información interna, quienes definían qué conductores manejaban los vehículos, dónde terminaban las rutas y cuáles eran los puntos geográficos más vulnerables para ejecutar las extorsiones.

¿Qué deficiencias legales criticó el Ministerio Público tras el operativo?

A pesar del éxito de las capturas, el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, reconoció que los operadores de justicia han venido cometiendo errores constantes en la lucha contra la extorsión. La autoridad fiscal cuestionó severamente las limitaciones de la normativa legal vigente, la cual restringe el acceso a las interceptaciones telefónicas judiciales a un plazo máximo que no puede exceder los cuatro meses.

El magistrado explicó que, bajo el marco legal actual, si un fiscal solicita a un juez interceptar el teléfono de un delincuente por dos meses, la norma solo permite prorrogarlo por dos meses adicionales. Una vez cumplido ese periodo, la ley impide continuar con la escucha de las comunicaciones, lo que representa un obstáculo técnico y legal para profundizar en las investigaciones de redes de crimen organizado de alta complejidad.