Andrés Hurtado ‘Chibolín’ seguirá en prisión preventiva

El Poder Judicial confirmó que Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, continuará en prisión preventiva durante nueve meses. La decisión responde al proceso que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias, vinculado al caso del futbolista Roberto Siucco, quien en 2019 renunció a su nacionalidad peruana para jugar en China.

La defensa del exconductor presentó un recurso para anular la medida, pero fue declarado infundado por el tribunal. Por lo tanto, seguirá recluido en el penal de Lurigancho mientras avanza la investigación.

¿Qué se le acusa de haber hecho?

La Fiscalía sostiene que Hurtado habría influenciado a funcionarios de Migraciones para acelerar los trámites de renuncia a la nacionalidad de Roberto Siucho. La gestión se habría dado con la intervención de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, y habría ocurrido a pedido del propio Hurtado.

Se trata de un proceso migratorio especial que, según las autoridades, se habría realizado fuera de los canales regulares y con un trato preferencial. Por eso, el Ministerio Público considera que hay elementos para procesarlo por tráfico de influencias.

Además, la Fiscalía ya había solicitado una prisión preventiva anterior por 18 meses. Esta nueva medida de nueve meses refuerza la tesis fiscal de que podría haber riesgo procesal si permanece en libertad.

¿Qué pruebas hay en su contra?

Uno de los principales elementos de la investigación son chats entre Hurtado y Siucho, difundidos por el programa Cuarto Poder. En esas conversaciones, el exconductor le da indicaciones al futbolista y le habla de gestiones con Migraciones.

Las conversaciones también incluyen mensajes hacia Roxana del Águila, con referencias a favores, videollamadas perdidas y fotografías. Todos estos datos fueron extraídos de un celular y actualmente están bajo custodia del Ministerio Público.

Para la Fiscalía, estas pruebas fortalecen su hipótesis sobre una intervención indebida en un trámite oficial. Los chats, según el expediente, confirman una relación cercana y una posible coordinación fuera de los canales formales.

¿Está involucrada más gente?

Sí. En el mismo proceso también es investigada Roxana del Águila, la exsuperintendenta nacional de Migraciones, quien habría tenido un papel clave al facilitar el trámite. El Ministerio Público evalúa si usó su cargo para beneficiar al deportista por pedido de Hurtado.

Además, hay otras personas que aparecen vinculadas en distintas líneas de la investigación. Entre ellas, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, y los empresarios Javier Miu Lei e Iván Siucho, hermano del futbolista.

La Procuraduría ha solicitado que todos ellos, junto con Hurtado, paguen una reparación civil de S/ 6 millones en caso de ser encontrados responsables.

¿Qué significa esta prisión preventiva?

La prisión preventiva no es una condena, pero sí una medida que limita la libertad del investigado mientras dura el proceso. Se aplica cuando el Poder Judicial considera que hay riesgo de fuga o de que el implicado obstaculice la investigación.

En este caso, el juez aceptó los argumentos de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro y consideró que Andrés Hurtado debía permanecer en prisión por la gravedad de los hechos y la posibilidad de entorpecer las pesquisas.

De este modo, seguirá en el penal de Lurigancho, donde ya se encuentra desde diciembre de 2024.

¿Cómo ha respondido su defensa?

El equipo legal de Hurtado presentó un recurso para revocar la prisión preventiva y solicitar su libertad bajo comparecencia. Argumentaron que no existe peligro procesal y que no ha interferido en la investigación.

Sin embargo, el tribunal desestimó la apelación y ratificó la medida. Según el fallo, los indicios presentados por la Fiscalía son suficientes para mantener al investigado en prisión hasta que concluya la etapa preparatoria.

A pesar de esta decisión, la defensa aún puede explorar otras vías legales, como nuevos pedidos de revisión, siempre que existan argumentos distintos.

¿Qué rol juega la Procuraduría en este caso?

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción se ha presentado como actor civil en este proceso, con el objetivo de representar al Estado como parte agraviada.

Su pedido busca que, si se emite una condena, los acusados deban pagar solidariamente una reparación civil de S/ 6 millones. Esta solicitud ya fue presentada ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá resolver si acepta su participación formal en el caso.

De aprobarse, la Procuraduría podrá intervenir activamente durante el juicio y exigir la compensación económica al Estado.

¿Qué pasará en adelante?

El proceso contra Andrés Hurtado continúa en etapa de investigación preparatoria. Esta fase implica la recolección de más pruebas, testimonios y análisis de los hechos. Si el Ministerio Público considera que existen suficientes evidencias, podrá formular una acusación formal y solicitar la apertura de un juicio oral.

Mientras tanto, el exconductor seguirá en prisión preventiva. La Fiscalía tiene un plazo legal para concluir la investigación y presentar su caso ante el Poder Judicial.