Hurtado seguirá en la cárcel: PJ confirma prisión preventiva

El Poder Judicial confirmó este jueves que Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", deberá seguir cumpliendo prisión preventiva por un plazo de nueve meses. La decisión fue adoptada en el marco del proceso que se le sigue por presunto tráfico de influencias. Su defensa había presentado un recurso de apelación que fue declarado infundado por el tribunal competente.

Hurtado permanecerá internado en el penal de Lurigancho, donde se encuentra desde que se dictó la medida privativa de libertad en su contra. Según el Ministerio Público, estaría implicado en un presunto tráfico de influencias ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, con la finalidad de favorecer al futbolista Roberto Siucho, en un trámite migratorio que data del año 2019.

¿Cuál es el origen del caso que lo llevó a prisión?

El caso tiene su origen en la investigación de presuntas gestiones indebidas para agilizar y facilitar la renuncia a la nacionalidad peruana de Roberto Siucho, entonces jugador del Club Universitario de Deportes, quien buscaba jugar como ciudadano chino en la liga de ese país. Siucho necesitaba renunciar a su nacionalidad de origen para acceder a esa plaza extranjera, debido a las restricciones que impone la federación china.

El Ministerio Público sostiene que Andrés Hurtado habría usado su cercanía con autoridades de Migraciones para que el trámite migratorio se resolviera con inusual rapidez. Esta intervención, según los fiscales, constituiría un caso de tráfico de influencias al haber mediado gestiones que exceden los canales legales establecidos, presuntamente a cambio de favores o beneficios personales.

¿Qué dijo el tribunal al rechazar la apelación?

En su resolución, el Poder Judicial argumentó que los elementos presentados por la defensa no desvirtuaban los fundamentos que justificaron la prisión preventiva. Para el tribunal, subsiste el peligro de obstaculización de la investigación y de fuga, considerando el nivel de exposición pública del imputado y la gravedad de los cargos en su contra.

Además, el colegiado subrayó que existen indicios razonables sobre la presunta comisión del delito, lo que respalda la necesidad de que el procesado afronte el proceso en reclusión.