Trump enfrenta su primera prueba tras decreto antimigratorio
Cuatro jueces federales emitieron fallos para detener las deportaciones, en tanto unas 300 personas fueron detenidas o se vieron impedidas de viajar en el mundo
Donald Trump enfrentaba este lunes masivas protestas tras su controvertido decreto para cerrar las fronteras de Estados Unidos a los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.
La medida recibió críticas de aliados, generó confusión sobre su implementación y galvanizó a la oposición demócrata, que busca formas de derrotarlo. También provocó inquietud dentro del Partido Republicano.
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Cuatro jueces federales emitieron fallos para detener las deportaciones, en tanto unas 300 personas fueron detenidas o se vieron impedidas de viajar en el mundo.
Mientras, abogados de organizaciones defensoras de los derechos civiles advertían que la batalla legal podía llegar a la Suprema Corte de Justicia.
En Reino Unido, un manifiesto reclamando al gobierno que anule la visita de Estado del presidente estadounidense superó este lunes el millón de firmas, pero el Ejecutivo respondió que mantiene la cita.
La Unión Europea dijo de su lado que se asegurará de que sus ciudadanos no sean víctimas de las medidas del gobierno de Trump, mientras el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tildó el veto de Trump de "mezquino" e ilegal.
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La Unión Africana de su lado, reunida en Adis Abeba, dijo que "estamos entrando en tiempos turbulentos".
Miles de ruidosos manifestantes protestaron el domingo en los principales aeropuertos del país por segundo día consecutivo en apoyo a los inmigrantes y refugiados.
"Solo espero que podamos superar este período difícil manteniendo nuestros valores como país", dijo Saif Rahman, un ciudadano estadounidense de 38 años nacido en Irak, quien debió atravesar controles adicionales tras llegar al aeropuerto de Dulles en Washington.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso de refugiados durante 120 días, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
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Al menos 109 personas fueron detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. No estaba claro cuántos de ellos permanecía retenidos el domingo.
Asesores de Trump minimizaron la cifra a "un par de docenas", mientras Canadá ofreció residencia temporal a aquellos que no pudieron viajar a Estados Unidos y quedaron varados en el país.
Bajo fuego en todos los frentes, Trump emitió una nota oficial en la que niega que el decreto sea contra los musulmanes y fustiga a la prensa.
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"Para ser claro, no se trata de una prohibición que apunte a los musulmanes, como los medios informan falsamente", expresó Trump. "Esto no tiene nada que ver con la religión, se trata de terrorismo y de la seguridad de nuestro país".
Pero la decisión de Trump ha provocado la mayor conmoción desde su investidura, hace diez días.
El presidente recurrió luego a Twitter para fustigar a los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham, quienes criticaron el decreto. Dijo que estaban "equivocados", que eran "débiles" en materia de inmigración y que "buscaban desatar la Tercera Guerra Mundial".
Las detenciones en los aeropuertos estadounidenses dejaron a familias divididas: un padre no pudo asistir al casamiento de su hijo, una abuela no pudo reunirse con sus nietos.
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Irán, que calificó la medida de "regalo para los extremistas", es hasta ahora uno de los países más afectados por la cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. En respuesta, Teherán instauró medidas similares contra los estadounidenses.
- Justicia
Los fiscales generales de 16 estados de la Unión, todos demócratas, tacharon el domingo de "inconstitucional" al decreto y prometieron recurrir a "todas las herramientas" a su alcance "para luchar contra esta orden inconstitucional, preservar la seguridad nacional y los valores fundamentales de nuestra nación".
En última instancia, los tribunales derribarán el decreto, señalaron.
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Será en efecto la justicia la que decida la suerte del decreto. "Esto acabará probablemente ante el la Corte Suprema", dijo Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
El gobierno tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días, el decreto afirma que dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
Trump no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", tuiteó.
(AFP)
