Ministerio de Vivienda: Sede con riesgo de colapso sísmico
El edificio del Ministerio de Vivienda en San Isidro, adquirido por US$ 33.5 millones, presenta un alto riesgo de colapso ante sismos debido a fallas de diseño
En el año 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) compró un edificio de 16 pisos, 4 sótanos y azotea ubicado en la Avenida República de Panamá 3650, en San Isidro. La propiedad fue vendida por el Banco de la Nación a cambio de 33 millones 500 mil dólares, una cifra que superó los 100 millones de soles al tipo de cambio de la época. Tras la operación, el exministro de Vivienda, Javier Piqué, confirmó públicamente que las autoridades ministeriales completaron la transacción financiera sin solicitar ni realizar estudios estructurales previos para verificar el estado de las columnas y vigas del inmueble.
¿Cuál es el peligro real que determinó el estudio técnico?
Un estudio de sismorresistencia contratado en 2020 y elaborado por el especialista Carlos Cortijo Narváez reveló que la edificación infringe el Reglamento Nacional de Edificaciones por fallas de diseño originadas en la década de los 90, cuando funcionaba el Banco Banex. El informe de 252 páginas detalló que el peligro se concentra en el piso 6. La ubicación de la caja de ascensores rompe la simetría de la estructura, ocasionando un fenómeno de torsión. Al ocurrir un sismo fuerte, los niveles inferiores resisten la fuerza, pero la parte superior experimenta un balanceo violento conocido como piso blando. El peritaje advierte de forma explícita que la energía destruirá los soportes del sexto nivel, ocasionando el colapso de la torre completa. En la actualidad, la sede alberga diariamente a más de 700 trabajadores del sector público.
¿Por qué se encuentran paralizadas las obras de reparación?
La solución técnica requiere la instalación de un sistema de reforzamiento y disipadores sísmicos. En febrero de 2024, el MVCS otorgó la buena pro al Consorcio REYCH por un monto superior a los 700 mil soles para diseñar los planos de la obra. No obstante, el consultor y el ministerio entraron en conflicto debido a desacuerdos sobre el reforzamiento de las losas y los plazos de entrega, lo que derivó en la resolución del contrato. La disputa legal escaló y el caso pasó a un tribunal de arbitraje administrado por MARC-PERÚ, dejando el proyecto paralizado. Ante la falta de avances, en febrero de 2026 el ministerio publicó una nueva convocatoria para seleccionar otra empresa consultora que elabore el expediente técnico de emergencia.