JNJ: Humberto Abanto y Luciano López discrepan en caso Benavides
El abogado Humberto Abanto defendió la reposición de Patricia Benavides, mientras que Luciano López cuestionó el uso de normas y la legitimidad institucional
La reciente reposición de Patricia Benavides como fiscal de la nación continúa generando un intenso debate jurídico. El abogado penalista Humberto Abanto y el constitucionalista Luciano López ofrecieron posturas opuestas sobre la legalidad y legitimidad de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según Abanto, la decisión que devolvió a Benavides su cargo cumple con lo establecido en el artículo 150 de la Constitución, que consagra la independencia de la JNJ y su sometimiento a su propia ley orgánica. Para el abogado, la discusión sobre la necesidad de una votación unánime, como plantea el artículo 213.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, resulta inaplicable si supone una restricción a los derechos fundamentales de la persona sometida a procedimiento disciplinario.
Aplicación del artículo 213.5 y defensa del debido proceso
Abanto afirmó que no se puede aplicar de forma supletoria una norma que limite derechos. En ese sentido, señaló que la resolución fue adoptada con seis votos favorables, cifra suficiente según la ley orgánica de la JNJ. La notificación lleva solo la firma del presidente de la institución, como lo indica el reglamento disciplinario, y ninguno de los cinco miembros restantes ha desmentido su participación.
Francisco Távara fue el único en declarar que no asistió ni votó. Para Abanto, exigir unanimidad entre todos los miembros sería una forma de restringir el derecho de Benavides a un proceso justo.
Luciano López critica falta de transparencia
Por su parte, Luciano López expresó que el caso está siendo manejado con una preocupante opacidad. Reveló haber conversado recientemente con la fiscal Delia Espinoza, quien le pidió evaluar una demanda de amparo. Según López, se han enviado tres oficios a la JNJ solicitando una resolución con las seis firmas necesarias, a raíz de que un integrante reportó un incidente.
El abogado constitucionalista consideró que la resolución se basó en la aplicación cuestionable de una norma que permitió declarar la nulidad del procedimiento. A su juicio, esta maniobra abre la puerta a una grave pregunta: ¿puede alguien con investigaciones por delitos graves seguir dirigiendo la Fiscalía?
Debate de fondo: institucionalidad y confianza ciudadana
Ambos abogados coinciden en que el caso tiene implicancias institucionales profundas. Sin embargo, mientras Abanto enfatiza la legalidad del procedimiento y la defensa de los derechos de su patrocinada, López centra su crítica en la afectación a la transparencia y confianza en la JNJ.
Este cruce de posturas refleja un debate mayor sobre el rol y credibilidad de las instituciones encargadas de supervisar a las más altas autoridades del sistema de justicia peruano.