La ley sobre crimen organizado enfrenta críticas y rechazo de diversos sectores en el Perú. A pesar de la oposición de especialistas y sectores políticos, la junta de portavoces del Congreso ha rechazado la derogación o modificación de esta polémica ley.
La norma, que ya está en vigor, permite a varias organizaciones imputadas por crimen organizado, extorsión y tráfico de inmigrantes solicitar el archivo de sus investigaciones.
En diálogo con Canal N, Yván Montoya, exprocurador anticorrupción, destacó el caso de una banda organizada para el tráfico de personas, donde la ley ha sido aplicada debido a que la pena máxima para el delito es de solo seis años.
En esa línea, recordó que la Fiscalía de la Nación presentará una demanda de inconstitucionalidad de la ley, propuesta que se espera sea respaldada por el Tribunal Constitucional.
Terrorismo urbano
La propuesta de tipificar el delito de terrorismo urbano, que se debatirá en el Congreso el jueves, también ha generado debate sobre su efectividad en la lucha contra la criminalidad organizada.
Montoya remarcó que el aumento de penas no es suficiente para disuadir el crimen. En su lugar, aboga por una mayor inversión en inteligencia, tecnología y capacitación de fuerzas del orden.
Como se sabe, la actual crisis de seguridad en el país, con estados de emergencia declarados en varios distritos, refleja una estrategia insuficiente y se cuestiona la efectividad de estas medidas.
Por último, consideró que el Congreso de la República legisla en beneficio propio, con varios de sus miembros solicitando la aplicación de la ley de crimen organizado en sus procesos judiciales.
El exprocurador anticorrupción sostuvo que la desconfianza en las instituciones y la falta de medidas preventivas significativas son puntos críticos que deben ser abordados para mejorar la seguridad en el país.