Poder Judicial busca revertir cambios a ley contra crimen

¿Qué busca cambiar el Poder Judicial en la ley contra el crimen organizado?

El Poder Judicial ha presentado el Proyecto de Ley 11959-2024-PJ ante el Congreso con el objetivo de modificar la Ley contra el Crimen Organizado y el artículo 317 del Código Penal. Con esta propuesta, se busca restaurar conceptos y mecanismos legales que habían sido recortados con las leyes 32108 y 32138.

Uno de los puntos principales es la reincorporación del verbo “promover” en la tipificación del delito de organización criminal. Este elemento, retirado por reformas previas, es clave para sancionar a quienes impulsan el crecimiento o expansión de mafias.

También se plantea reducir el umbral de pena mínima para que un delito sea considerado como “grave”, bajándolo de cinco a cuatro años, lo que permitiría incluir más tipos penales en el marco del crimen organizado.

¿Por qué se considera importante reincorporar la figura del “promotor”?

Al eliminar el término “promover” del tipo penal, según se indicó, se generó un vacío legal que dejó sin castigo a quienes, sin ser integrantes directos de una organización criminal, impulsan su creación o expansión. Esta omisión ha dificultado investigaciones y procesos judiciales, especialmente en casos de corrupción o redes ilegales complejas.

El Poder Judicial subraya que, según la Convención de Palermo, el Estado peruano tiene la obligación de sancionar no solo a los miembros de una organización criminal, sino también a quienes la alientan, organizan o promueven indirectamente. La propuesta busca corregir esa omisión.

¿Qué otros cambios propone esta reforma legal?

Además de restituir el verbo “promover”, el proyecto incluye una serie de ajustes importantes. Entre ellos:

• Se amplía la definición de “organización criminal” a grupos de tres o más personas, con fines de cometer delitos graves.

• Se elimina la exigencia de una “estructura compleja” para tipificar a una red delictiva como organización criminal.

• Se incorporan agravantes para líderes, financistas y quienes operen desde penales o con alcance transnacional.

• Se redefine el concepto de “delito grave” para incluir delitos con penas mínimas de 4 años (anteriormente era de 5 años), alineándose con tratados internacionales.

¿Cómo afecta esto a casos de corrupción o tráfico de influencias?

Uno de los principales problemas identificados por el Poder Judicial es que delitos como colusión, tráfico de influencias o negociación incompatible quedaron fuera del marco del crimen organizado tras las reformas aprobadas por el Congreso.

El poder estatal señala que esto ha impedido que se juzgue como parte de redes delictivas a funcionarios o empresarios involucrados en esquemas complejos de corrupción. Con la reforma, estos delitos volverían a ser incluidos, permitiendo una persecución penal más efectiva y justa.

¿Qué opinan los especialistas sobre esta iniciativa?

El abogado penalista Mario Amoretti, entrevistado por Canal N, respaldó la propuesta del Poder Judicial. En su análisis, criticó duramente las reformas anteriores, señalando que beneficiaron directamente a congresistas y funcionarios investigados por corrupción.

Amoretti aseguró que el problema no era tanto la ley anterior, sino el mal uso por parte de fiscales y jueces que exageraron en algunas detenciones. Sin embargo, advirtió que la eliminación del verbo “promover” y otras restricciones debilitaron seriamente la lucha contra el crimen organizado.

¿Por qué la ley actual generaría impunidad?

Según el proyecto, las leyes 32108 y 32138 dificultaron la persecución penal al exigir que una organización tenga una estructura “compleja y desarrollada” para ser considerada como tal. Esto dejó fuera a muchas redes criminales reales que operan con menor sofisticación pero igual impacto.

Además, al elevar el umbral de pena mínima a cinco años, delitos clave como la corrupción fueron excluidos. Este cambio, lejos de mejorar la legislación, generó condiciones de impunidad y contradijo compromisos internacionales.

¿Qué beneficios se esperan con la aprobación del proyecto?

El Poder Judicial plantea varios beneficios con esta propuesta:

• Mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado: Al reincorporar figuras clave y ampliar la definición, se fortalecen las herramientas legales.

• Cumplimiento de tratados internacionales: El proyecto alinea la legislación peruana con la Convención de Palermo y las convenciones contra la corrupción.

• Claridad jurídica: Se eliminan ambigüedades legales que dificultaban la aplicación de la norma.

• Persecución efectiva de casos de corrupción: Al incluir delitos antes excluidos, se amplía la capacidad de sanción a funcionarios y redes de poder.

• No implica costo adicional: El proyecto no requiere recursos adicionales del Estado, ya que se basa en cambios legales y no estructurales.

¿Cuál es el panorama político para esta iniciativa?

A pesar de la urgencia y el respaldo técnico, hay escepticismo sobre la voluntad del Congreso para aprobar esta reforma. El abogado Mario Amoretti expresó dudas respecto a que una mayoría parlamentaria —donde hay varios investigados— impulse una ley que podría perjudicarles directamente.

El proyecto deberá pasar por comisiones y enfrentar el debate en el Pleno. El resultado dependerá de las alianzas políticas y de la presión de la opinión pública para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

¿Qué opinan las instituciones internacionales sobre estas reformas?

Organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han recomendado reiteradamente a los países miembros —incluido Perú— que mantengan leyes sólidas y amplias contra el crimen organizado.

Excluir delitos como corrupción, tráfico de migrantes o lavado de activos de este marco es una violación a esos compromisos. El proyecto del Poder Judicial se presenta como un intento de corregir este alejamiento de los estándares globales.

¿Cuál es el siguiente paso?

El Congreso deberá evaluar el Proyecto de Ley 11959-2024-PJ en sus comisiones antes de llevarlo al Pleno. En paralelo, diversos sectores de la sociedad civil, especialistas y gremios podrían pronunciarse para apoyar la iniciativa.

La discusión se da en un contexto en el que el Poder Judicial y la Fiscalía han denunciado el debilitamiento de sus capacidades frente al crimen organizado. Esta propuesta se convierte en un termómetro para medir si existe voluntad política real de enfrentar este problema.

El Poder Judicial presentó un proyecto para restaurar herramientas claves de persecución penal contra organizaciones criminales. Busca reintroducir el verbo “promover”, ampliar la definición de organización criminal, reducir el umbral de pena mínima e incluir delitos de corrupción. La propuesta está alineada con tratados internacionales y no implica costos adicionales para el Estado. Especialistas como Mario Amoretti respaldan la iniciativa y advierten que las leyes actuales generan impunidad. El Congreso tiene ahora la palabra.