Vladimir Cerrón: TC declara nula su prisión preventiva

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la prisión preventiva de 24 meses dictada contra el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.

El pronunciamiento emitido por el pleno del tribunal aceptó el recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa del dirigente político.

La investigación tramitada por el Ministerio Público atribuía al procesado la presunta dirección de la red criminal Los Dinámicos del Centro.

Según la hipótesis fiscal, la agrupación operaba en el Gobierno Regional de Junín mediante la entrega irregular de brevetes y el cobro de cupos a empleados públicos.

¿Por qué el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón?

El Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva porque determinó que las resoluciones judiciales vulneraron el derecho a la debida motivación de las decisiones procesales.

De acuerdo con el fallo, los jueces de primera y segunda instancia ignoraron que las condenas que motivaron su clandestinidad fueron posteriormente anuladas por el Poder Judicial.

La corte analizó la situación del investigado y descartó que la falta de ubicación deba interpretarse como un riesgo de evasión definitivo.

Según el dictamen supremo, "no puede ser entendido en el sentido de que constituya un argumento válido para sustentar el peligro procesal el haber evitado su detención mientras estaba vigente un mandato de detención que a la postre iba a ser anulado".

El fallo analizó las órdenes dictadas el 18 de diciembre de 2023 por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, las cuales revocaron la comparecencia restrictiva de 20,000 soles impuesta originalmente el 25 de noviembre de 2022.

Las instancias superiores no evaluaron que las condenas previas de los casos La Oroya y Aeródromo Huanca quedaron sin efecto en 2025.

¿Qué ordenó el tribunal al fuero judicial para el futuro del proceso?

El tribunal ordenó al fuero judicial emitir un nuevo mandato que establezca medidas cautelares alternativas y proporcionales a la prisión preventiva. La resolución exige al Poder Judicial fijar reglas de conducta que garanticen la presencia del investigado en el juicio oral sin privarlo de su libertad personal.

El Tribunal Constitucional es la institución pública encargada de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el Perú.

Al revisar la demanda de hábeas corpus, los magistrados señalaron los peligros de la instrumentalización judicial, advirtiendo que "determinadas personas o grupos de poder buscarán realizar un uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político".

La resolución expedida contó con los votos favorables de los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Hernández Chávez.

Tras la publicación del pronunciamiento constitucional, el investigado emitió un pronunciamiento en sus canales oficiales asegurando que "el TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial", atribuyendo su situación procesal a una persecución en su contra.