Vizcarra seguirá proceso judicial: PJ niega prescripción

El expresidente Martín Vizcarra no logró frenar el avance del proceso judicial en su contra por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. Este 14 de julio, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de su defensa para que se declare prescrita la acción penal por el delito de colusión en agravio del Estado. La decisión fue adoptada por el juez Víctor Alcocer, titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional.

La resolución mantiene vigente el caso, el cual se remonta al año 2013, cuando Vizcarra —según la acusación fiscal— habría recibido millonarios pagos ilícitos de dos empresas a cambio de favorecerlas en obras públicas. Para el magistrado, no ha transcurrido el plazo suficiente para extinguir la responsabilidad penal.

¿Por qué el juez rechazó la prescripción solicitada?

Durante la audiencia de control de acusación, la defensa de Vizcarra alegó que los hechos imputados datan de hace más de una década, por lo que el caso debía ser declarado prescrito. Sin embargo, el juez Alcocer descartó esa posibilidad. Precisó que, para el cómputo del plazo prescriptorio, se debe considerar la fecha de ocurrencia de los hechos —noviembre de 2013—, y que desde entonces no ha pasado el tiempo necesario para anular el proceso.

"Corresponde desestimar el pedido de excepción de prescripción de la acción penal respecto al acusado Martín Vizcarra", resolvió el magistrado. En consecuencia, el proceso judicial continuará en la etapa intermedia. El Ministerio Público y la Procuraduría se mostraron conformes con la decisión, mientras que la defensa anunció que apelará.

Las imputaciones fiscales: ¿qué hechos se le atribuyen?

La Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido pagos ilegales por un total de S/ 2.3 millones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Se le imputa el delito de cohecho pasivo propio por los casos de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, ambos ejecutados entre 2011 y 2014.

Según la investigación, el exmandatario habría favorecido al consorcio Obrainsa-Astaldi con la adjudicación del proyecto Lomas de Ilo, a cambio de un millón de soles. Esta obra consistía en la construcción de la línea de conducción Jaguay–Lomas de Ilo y un sistema de riego. En paralelo, también habría recibido S/ 1.3 millones de la empresa ICCGSA por facilitar la ejecución del proyecto de ampliación del hospital regional.

¿Quiénes habrían sido sus presuntos intermediarios?

Una de las piezas clave de la acusación es la participación del exministro José Hernández, quien habría actuado como intermediario en los pagos realizados por ejecutivos de ICCGSA. Según la Fiscalía, Hernández coordinó con Vizcarra la entrega de dinero desde el entorno empresarial hasta el político.

En el caso de Lomas de Ilo, el consorcio involucrado obtuvo el contrato bajo condiciones presuntamente direccionadas desde el gobierno regional. En ambas obras, se investiga si existieron concertaciones previas y decisiones administrativas orientadas a beneficiar a estas compañías, en perjuicio del interés público.

Decisión anterior: sin prisión preventiva, pero con restricciones

El 27 de junio, el juez Alcocer ya había rechazado una solicitud de prisión preventiva contra Vizcarra formulada por la Fiscalía. Pese a los argumentos sobre riesgo de fuga y falta de arraigo, el magistrado concluyó que no existía una amenaza procesal suficientemente grave como para ordenar su encarcelamiento.

Sin embargo, dispuso medidas de comparecencia con restricciones. Entre ellas, el impedimento de salida del país por seis meses, control biométrico mensual y la prohibición de acercarse a embajadas o de mantener contacto con personal diplomático.

El magistrado fundamentó su decisión en la falta de arraigo laboral actual y en los reiterados incumplimientos de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, lo que refleja —según indicó— cierta conducta evasiva por parte del investigado.

¿Qué busca la Fiscalía en este proceso?

La acusación presentada por el Ministerio Público solicita una condena de 15 años de prisión efectiva para Martín Vizcarra, además de 9 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. También se exige la imposición de una reparación civil y el cumplimiento de medidas cautelares que aseguren su permanencia en el país.

Asimismo, el Ministerio Público ha apelado la negativa judicial a la prisión preventiva, esperando que una instancia superior revierta esa decisión y permita encarcelar al expresidente mientras se resuelve el caso de fondo.

¿Vizcarra podrá postular a un cargo público?

Si bien Vizcarra ha expresado su interés de regresar a la política, su situación legal lo mantiene al margen de los próximos comicios. A la acusación por cohecho pasivo propio, se suma una sentencia firme de inhabilitación por 10 años dictada por el Congreso en el caso ‘vacunagate’, tras comprobarse su vacunación irregular contra la COVID-19 mientras era presidente.

Una eventual condena por el caso Lomas de Ilo reforzaría su exclusión de la vida política, ya que implicaría una nueva sanción de inhabilitación, además de una pena efectiva. Por ahora, su situación judicial continúa complicándose.

¿Qué sigue en el proceso penal?

Con el rechazo a la prescripción, el caso pasa a la etapa intermedia. En esta fase se debatirá la validez de la acusación fiscal, los medios probatorios y la posibilidad de apertura del juicio oral. Si se admite la acusación formal, el proceso pasará a una nueva instancia donde se determinará su responsabilidad penal.

El Poder Judicial convocará próximamente una audiencia de control de acusación, donde se decidirá si el caso continúa a juicio o si se archiva por falta de sustento. La defensa de Vizcarra tiene derecho a cuestionar el fondo de la acusación, pero el Ministerio Público ha insistido en que las pruebas presentadas son suficientes para sostener su hipótesis.