Vargas Valdivia: Impedir salida de PPK fue inconstitucional
Luis Vargas Valdivia criticó la medida de Migraciones contra PPK, indicando que fue inconstitucional y sin respaldo judicial. Recomienda investigar a los responsables
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue impedido de salir del país por Migraciones pese a que no existía una orden judicial en su contra. Esta medida fue criticada por el exprocurador Luis Vargas Valdivia, quien la calificó como inconstitucional.
La alerta migratoria impuesta provocó que Kuczynski no pudiera ejercer su derecho de libre tránsito. Según Vargas Valdivia, se trató de una acción administrativa sin sustento legal suficiente y contraria a la Constitución.
¿Por qué se considera que esta medida fue inconstitucional?
Vargas Valdivia explicó que la figura de alerta migratoria es válida solo en situaciones excepcionales, como cuando hay un peligro real para la seguridad nacional. Afirmó que en el caso de PPK no se cumple este criterio y que la medida carece de mandato judicial, lo cual la vuelve inconstitucional.
El exprocurador enfatizó que ninguna norma administrativa puede estar por encima de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución, como el derecho al libre tránsito.
¿Qué debería hacer la defensa de PPK?
Según Vargas Valdivia, la defensa de Kuczynski debería denunciar formalmente esta situación para que se identifique a los responsables de la decisión y se determine si hubo abuso de autoridad o violación de derechos.
“El derecho que se le ha vulnerado solo puede ser restringido por una orden judicial. Al no existir, se convierte en una acción arbitraria”, sostuvo. Añadió que es deber de la defensa iniciar el proceso para que se establezcan responsabilidades.
¿Cuál es el problema con el uso de alertas migratorias?
El exprocurador alertó sobre el uso indiscriminado de alertas migratorias por parte del Estado. Explicó que estas herramientas deben usarse con mucha cautela y siempre bajo control judicial. De lo contrario, se convierten en mecanismos que pueden vulnerar libertades fundamentales.
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de revisar cómo se están aplicando estas alertas y si existe un adecuado control sobre su uso por parte de las autoridades.














