Toledo: Corte Suprema declara procedente ampliar extradición

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente el trámite para solicitar la ampliación de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo.

El tribunal supremo evaluó el requerimiento para que el exmandatario sea juzgado en el Perú por el caso del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur, determinando que la solicitud cumple con los estándares legales y los tratados internacionales vigentes.

Esta decisión, contenida en una resolución del 21 de abril, permite que el sistema de justicia peruano inicie las gestiones diplomáticas para procesar a Toledo por presuntos actos de corrupción vinculados a la constructora Camargo Correa, tras descartar cualquier tipo de motivación política en la investigación.

La declaración de procedencia fue analizada por el tribunal que preside el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga. La resolución establece que se respetan los principios de doble incriminación, lo que implica que los delitos de colusión y lavado de activos imputados a Toledo también son punibles en los Estados Unidos.

Con este aval de la Corte Suprema, el cuadernillo de extradición será remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que el Gobierno peruano formalice la petición ante las autoridades de EE. UU., país que autorizó su entrega original en 2023. Este paso jurídico es esencial para garantizar que el exmandatario rinda cuentas por todos los cargos acumulados durante su periodo presidencial entre 2001 y 2006.

Detalles de la acusación por el Tramo 4

La fiscalía imputa a Alejandro Toledo haber aprovechado su cargo para favorecer a la empresa Camargo Correa en la licitación del tramo carretero Inambari-Azángaro. Según el Ministerio Público, existió un pacto ilícito por el cual la constructora brasileña se comprometió a realizar pagos por más de 6.3 millones de dólares.

Se estima que 5.4 millones de dólares fueron destinados específicamente para el exmandatario, monto que representaba el 3% del valor referencial del proyecto vial. Por estos hechos, se ha solicitado una pena de 24 años y 8 meses de prisión, sustentada en evidencias como correos electrónicos de exdirectivos y el rastro de depósitos en cuentas offshore manejadas por el fallecido empresario Josef Maiman.

Condenas vigentes y situación del expresidente

Alejandro Toledo ya afronta un complejo panorama judicial con dos condenas que cumple en el penal de Barbadillo. La primera sentencia fue dictada el 21 de octubre de 2024, imponiéndole 20 años y seis meses de cárcel por el caso Odebrecht (Tramos 2 y 3).

Posteriormente, el 3 de septiembre, fue condenado a 13 años y cuatro meses por el caso "Ecoteva". En ambos procesos se acreditó su responsabilidad en el delito de lavado de activos. Para el juicio de Ecoteva, las autoridades estadounidenses ya habían aprobado una ampliación previa de su extradición.

De otorgarse esta nueva solicitud por el Tramo 4, el sistema judicial peruano estaría habilitado para instalar un tercer juicio oral contra el exlíder de Perú Posible.

Pruebas de la Procuraduría y el rol de Maiman

La Procuraduría ad hoc ha resaltado que existen pruebas contundentes, incluyendo documentos incautados a Marcos de Moura Wanderley donde se mencionan los acuerdos para el pago de dádivas.

El Ministerio Público sostiene que Toledo y Maiman diseñaron un esquema de operaciones financieras complejas para evitar la incautación de los fondos, lo que fundamenta la acusación por lavado de activos.

La resolución de la Corte Suprema precisa que Toledo no ha sido juzgado previamente por estos hechos, cumpliendo con el requisito legal para solicitar la ampliación. El enfoque es demostrar que el favorecimiento a constructoras brasileñas fue una práctica recurrente para obtener beneficios económicos personales ilícitos durante su gestión gubernamental.

Próximos pasos en la vía diplomática

Tras la declaración de procedencia de la Corte Suprema, el expediente será tramitado por el Ministerio de Justicia y la Cancillería. Se espera que el Gobierno peruano presente formalmente la solicitud de ampliación ante el Departamento de Estado de los EE. UU. en las próximas semanas. Si la justicia estadounidense concede la ampliación, se iniciará el juicio oral por el Tramo 4, un proceso vital para el Estado que busca sanciones penales y reparaciones civiles.

Mientras tanto, Alejandro Toledo deberá esperar la resolución diplomática desde su celda, mientras su defensa intenta cuestionar las imputaciones en un escenario legal donde las sentencias previas han establecido antecedentes críticos para su situación jurídica actual.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente solicitar a Estados Unidos la ampliación de la extradición de Alejandro Toledo por el caso del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur. El exmandatario es investigado por presuntamente recibir sobornos de 6.3 millones de dólares de la empresa Camargo Correa. Por estos hechos, la Fiscalía pide 24 años y 8 meses de cárcel por colusión y lavado de activos. Toledo ya cumple condenas de 20 años y 6 meses (Odebrecht) y 13 años y 4 meses (Ecoteva) en el penal Barbadillo y ahora afrontaría un tercer juicio oral.