¿Se transparentarán todos los contratos del Estado?

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad insistir en el Proyecto de Ley 0450/2022-CR, que plantea la publicación obligatoria de todos los contratos firmados por el Estado, incluidas las modalidades de gobierno a gobierno. La propuesta ya había sido observada por el Ejecutivo, pero la comisión considera que su aprobación no vulnera ninguna norma constitucional ni desincentiva la inversión privada.

Durante el debate, los legisladores argumentaron que la norma fortalece los principios de transparencia y control ciudadano. Carlos Zeballos (BDP) afirmó que “la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con sus recursos y presupuestos”, mientras que el congresista Burgos Oliveros subrayó que es fundamental fiscalizar el uso del dinero público.

¿Qué implicancias tendría esta ley en los contratos G2G?

Uno de los aspectos más resaltantes de esta iniciativa es que incluye los contratos firmados bajo la modalidad de gobierno a gobierno (G2G), conocidos por su confidencialidad. De aprobarse la insistencia, esos convenios también deberían publicarse, a menos que estén vinculados a temas de seguridad nacional.

Esto ha sido respaldado por el dictamen, que sostiene que sistemas como el SEACE o el Registro Nacional de Contratos APP no aseguran una información integral ni organizada para la ciudadanía. Por ello, se justifica una norma que obligue a su publicación completa.

¿Qué otras medidas se aprobaron en la comisión?

Junto a este dictamen, también se aprobó la modificación de la Ley 27482 sobre la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios públicos, así como la Ley 29709 sobre la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Con esta medida, se busca ampliar el acceso público a estos documentos como parte del esfuerzo por reforzar la integridad en el sector estatal.

La comisión considera que, ante cuestionamientos frecuentes por presunta corrupción en obras y licitaciones, estas medidas son clave para recuperar la confianza ciudadana en el uso del presupuesto nacional.