Ricardo Márquez: La ONPE no es una buena institución

El expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, sostuvo que la realización de una auditoría informática al sistema electoral no sería un proceso de larga duración. Durante su presentación en el programa Enfrentados, Márquez precisó, a título personal, que un examen técnico exhaustivo al software de la ONPE podría ejecutarse en un plazo aproximado de un mes. Según su postura, este tiempo sería suficiente para que una entidad externa certifique la transparencia de los resultados de la primera vuelta.

¿Es técnicamente posible auditar el software en solo un mes?

Márquez señaló que, si se contratara de inmediato a firmas de prestigio internacional como Ernst & Young (EY), el informe técnico estaría listo para los primeros días de junio. Márquez subrayó que estas empresas están especializadas en auditorías digitales y podrían dar una respuesta rápida sobre si el sistema habría sufrido alteraciones o si los votos se procesaron correctamente.

¿Qué pasaría con la segunda vuelta si la auditoría dura 30 días?

Debido a que la auditoría demoraría un mes, Ricardo Márquez sugirió que la segunda vuelta electoral, programada originalmente para el 7 de junio, debería trasladarse al 7 de julio. El exvicepresidente consideró que este aplazamiento sería necesario para no acudir a las urnas con dudas razonables sobre el conteo previo. Según su análisis, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendría la responsabilidad de postergar los comicios hasta que el peritaje confirme que el software no habría sido vulnerado durante la madrugada del 14 de abril.

¿Por qué Márquez insiste en este plazo para el peritaje externo?

El entrevistado enfatizó que la rapidez del proceso dependería de la voluntad de las autoridades electorales para contratar a una auditora independiente. Sostuvo que esperar 30 días por un resultado técnico es un costo menor comparado con la incertidumbre política que, según su visión, podría paralizar la economía del país. Márquez insistió en que el país requiere una garantía digital antes de cerrar el proceso, señalando que el 73% de la ciudadanía desconfiaría de los resultados actuales, lo que haría del mes de auditoría una inversión indispensable para la paz social.