José Calisto Giampietri: Estamos viviendo un golpe de estado electoral

El virtual senador electo por Renovación Popular, José Luis Giampietri, solicitó la realización de una auditoría informática externa ante lo que consideró una serie de anomalías en el proceso electoral. Durante una entrevista en el programa Enfrentados, el legislador electo sostuvo que el sistema de la ONPE habría sufrido una manipulación que habría permitido a un candidato subir del quinto al segundo puesto en solo ocho horas. Según su denuncia, este cambio habría coincidido con el ingreso de las denominadas "actas 900,000", las cuales no se habrían reflejado de manera transparente en el portal oficial.

¿Por qué el legislador electo cuestiona la legitimidad del sistema?

Giampietri afirmó que estaríamos frente a un "golpe de Estado electoral" y señaló que existiría una falta de comunicación real entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ciudadanía. El representante de Renovación Popular enfatizó que su demanda buscaría establecer la verdad de lo ocurrido y no necesariamente recuperar votos para su agrupación. Incluso manifestó que, si una auditoría independiente determinara que debe perder su escaño en el Senado, aceptaría el resultado siempre que se ajustara a la legalidad y a un peritaje con certificación internacional.

¿Se vería afectada la segunda vuelta fijada para el 7 de junio?

La postura de José Luis Giampietri es que no se debería convocar a elecciones presidenciales de segunda vuelta hasta que se conocieran los resultados de la auditoría. Según indicó, si se aplicara la ley estrictamente, el proceso ya se habría anulado hace tiempo debido a los cuestionamientos operativos. Ante las dudas sobre la viabilidad de postergar los comicios de junio, el senador electo aseguró que un equipo técnico podría realizar el informe de las actas bajo sospecha en un tiempo breve, citando que su propio equipo habría analizado las inconsistencias en solo 48 horas.

¿Cuáles serían las pruebas presentadas ante la Fiscalía y el JNE?

El legislador electo confirmó que el 23 de abril se presentó un expediente detallando supuestas anomalías en aproximadamente 95,000 actas. Este documento habría sido entregado al JNE, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Dirincri. Además, denunció que los organismos electorales pretenderían cobrar sumas millonarias por entregar copias de las actas para su fiscalización, lo que interpretó como una traba a la transparencia. Finalmente, citó que un 73% de la población desconfiaría de los resultados, lo que haría indispensable la intervención de peritos extranjeros en el software electoral.