¿Por qué presentarán moción de censura al ministro de Cultura?
La moción de censura contra Fabricio Valencia será presentada esta semana. Edward Málaga afirmó que ya cuentan con más de 33 firmas para respaldar la iniciativa política en el Congreso.
La moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, será presentada esta semana en el Congreso, impulsada por varias bancadas que critican su gestión frente a la crisis en Machu Picchu.
La iniciativa se produce ante los bloqueos, la disputa por la concesión de la ruta Hiram Bingham y la advertencia de que la ciudadela podría perder su estatus como “Maravilla del Mundo”.
El congresista Edward Málaga, uno de los promotores, afirmó que ya cuentan con más de 33 firmas requeridas para presentar la moción y que esperan consolidar entre treinta y cinco y treinta y ocho respaldos durante los próximos plenos.
Señaló además que la ausencia de algunos legisladores ha complicado la recolección pública de firmas.
¿Qué denuncian contra el ministro de Cultura?
El documento de la moción acusa que las “acciones y omisiones” de Valencia demuestran falta de liderazgo para afrontar la crítica coyuntura en Machu Picchu.
Se le reprocha no haber gestionado adecuadamente la concesión de Consettur, el caos en la venta de boletos, bloqueos de rutas y la paralización de turistas.
Durante una sesión de interpelación, el ministro no habría brindado respuestas creíbles sobre la continuidad de la concesión y operaciones de transporte.
Eso generó indignación entre congresistas y comunidades cusqueñas, que protagonizaron protestas y medidas de fuerza.
Las causas agregadas al reclamo incluyen perjuicios al turismo, deterioro de la imagen internacional del Perú y riesgo para la condición de Machu Picchu como atractivo global.
¿Cómo se articulará el proceso parlamentario?
Desde inicios de septiembre la moción viene elaborándose. Ahora que las firmas se acercan al mínimo necesario, la iniciativa será formalizada y agendada para debate en el Pleno del Congreso. Allí se decidirá si imponer la censura o rechazarla.
Si prospera, implicaría la salida del ministro del cargo y obligaría al Ejecutivo a presentar un reemplazo. Representaría también una confrontación política entre Congreso y Gobierno centrada en la gestión de patrimonio cultural y turismo.
¿Qué rol cumple Machu Picchu en esta crisis?
Machu Picchu, importante motor turístico del país, se ha convertido en el epicentro del conflicto que motiva la moción.
La incertidumbre sobre la ruta Hiram Bingham y los bloqueos de comunidades locales han paralizado el acceso de visitantes y generado alarma sobre la pérdida de su categoría internacional.
El reclamo de las comunidades, sumado a la presión mediática de que el sitio podría perder su estatus como “Maravilla del Mundo”, ha tensado las fronteras políticas del ministerio a cargo del patrimonio. Valencia es señalado por la oposición como responsable de la descoordinación.
Procedimiento parlamentario tras la moción
Conforme al Reglamento del Congreso, una moción de censura requiere ser presentada con la firma de al menos 33 congresistas. Una vez admitida, debe ser agendada para su debate y votación en el Pleno.
Si es aprobada por mayoría simple del número legal de congresistas, el ministro censurado queda obligado a presentar su renuncia ante la presidenta de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú.
En este caso, los promotores de la moción confirmaron que ya se alcanzó el número mínimo de firmas requeridas y que se espera su presentación formal durante la semana de sesiones plenarias.
Esta semana se presentará una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, debido a la crisis en Machu Picchu. Edward Málaga aseguró que ya tienen más de 33 firmas listas para impulsar la iniciativa. La moción cuestiona la gestión del ministerio respecto a la concesión de Consettur, bloqueos, venta de boletos y el riesgo para la categoría de Machu Picchu. Si prospera, implicará su salida y planteará una ruptura de mecanismos de control político. Valencia deberá responder ante el Pleno y el Ejecutivo enfrentar tensión institucional.











