¿Por qué no se aplicó la Ley de Amnistía a exmilitares?

Una nueva polémica se ha generado tras la decisión de un juez que declaró infundado el pedido de amnistía para ocho exmilitares acusados de delitos en 1990. Esta resolución provocó una respuesta inmediata desde el Congreso: el parlamentario Fernando Rospigliosi solicitó a la Junta Nacional de Justicia que sancione a los jueces que no apliquen la Ley de Amnistía y acusó a los magistrados de actuar en favor de “terroristas y delincuentes”.

El caso involucra a comuneros que denuncian tortura y violación sexual por parte de efectivos del Ejército durante el conflicto interno.

¿Qué decidió el juez sobre la Ley de Amnistía?

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió inaplicar la Ley de Amnistía en el proceso contra ocho exmiembros del Ejército.

El magistrado Leodan Cristóbal argumentó que la norma era inconstitucional y contraria a los tratados internacionales firmados por el Perú, por lo que usó la figura del “control difuso” para dejarla sin efecto en este caso.

El fallo sostiene que los delitos atribuidos deben ser esclarecidos en juicio para garantizar justicia y verdad a las víctimas.

¿Qué hizo el Congreso tras conocer esta decisión?

El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, reaccionó de inmediato y pidió la intervención de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Acusó a los magistrados de “prevaricadores” y los responsabilizó de favorecer a presuntos terroristas. También insistió en la necesidad de una reforma completa del sistema judicial.

Rospigliosi fue uno de los impulsores de la ley desde su rol en la Comisión de Constitución del Congreso y ha denunciado públicamente a otros jueces por decisiones similares.

¿De qué trata el caso por el cual se procesan a los militares?

Los hechos ocurrieron en 1990 en las provincias de Antabamba (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco).

Según la denuncia, una patrulla militar habría detenido, torturado y agredido sexualmente a al menos 15 comuneros, en el marco de operativos contrasubversivos.

Las víctimas aseguran que fueron golpeadas, forzadas a beber alcohol y atacadas sexualmente por miembros del Ejército, quienes actuaban bajo sospechas de vinculación con grupos subversivos. Entre los acusados figura el entonces capitán Jaime Pando Navarrete, conocido como “Pantera”.

¿Qué dijo el juez sobre la Ley de Amnistía?

En el fallo, el juez Cristóbal explicó que la Ley de Amnistía limita el acceso a la justicia y vulnera el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Afirmó que permitir su aplicación en este caso impediría que se determine si efectivamente existieron violaciones a los derechos humanos.

Además, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había ordenado al Estado peruano abstenerse de aplicar dicha norma, por lo que su inaplicación se justifica en el marco del respeto a obligaciones internacionales.

¿Cómo respondió la defensa de los militares?

Los abogados de los exmilitares cuestionaron la decisión y anunciaron que presentarán una apelación.

Alegaron que la ley fue aprobada por el Congreso y promulgada legalmente por el Poder Ejecutivo, y que debe ser aplicada por todos los jueces del país.

También rechazaron los argumentos del juez sobre incompatibilidad internacional, señalando que no existe una sentencia concreta que prohíba la amnistía en el caso de sus defendidos.

¿Esta es la primera vez que ocurre algo similar?

No. En agosto, otro juez, Richard Concepción Carhuancho, tomó una decisión parecida en un caso de 1984 en Ayacucho.

En esa ocasión, Rospigliosi también lo acusó de prevaricato y presentó una denuncia ante la JNJ. Argumentó que jueces de primera instancia no están facultados para aplicar el control difuso.

Este patrón ha generado un conflicto abierto entre sectores del Congreso y el Poder Judicial respecto a la aplicación de esta controvertida ley.

¿Por qué es tan polémica la Ley de Amnistía?

La Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte en una ceremonia en Palacio de Gobierno. Beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y comités de autodefensa que actuaron entre 1980 y 2000.

Sin embargo, organismos internacionales y expertos han alertado que esta norma podría favorecer la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

La Corte IDH ha pedido expresamente que no se aplique, y su uso ha sido cuestionado por diversas organizaciones civiles.

Un juez declaró infundado el pedido de aplicar la Ley de Amnistía a ocho exmilitares acusados de tortura y violación sexual en Apurímac y Cusco en 1990. El magistrado argumentó que la norma es inconstitucional y contraria a tratados internacionales. Fernando Rospigliosi, vicepresidente del Congreso, calificó a los jueces de “prevaricadores” y pidió que la Junta Nacional de Justicia los sancione. El fallo judicial reaviva la polémica sobre la validez de esta ley y su aplicación a casos ocurridos durante el conflicto armado interno.