¿Por qué el JNE considera que Jorge Ugarte cometió el delito de sedición?

La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha fundamentado su denuncia contra el activista Jorge Ugarte Olivera basándose en las arengas y discursos emitidos durante la protesta del 30 de abril. Según el ente electoral, el investigado traspasó los límites de la libertad de expresión al incitar a un "golpe cívico militar" y solicitar abiertamente que las Fuerzas Armadas tomen el control. Estos hechos configurarían el delito de sedición, ya que se buscaba, mediante el alzamiento colectivo, impedir que el JNE y su presidente, Roberto Burneo, ejerzan sus funciones constitucionales. La denuncia señala que Ugarte actuó como el principal dinamizador de un grupo de 500 personas con fines desestabilizadores.

¿Cómo se llevó a cabo el hostigamiento en la vivienda particular de Roberto Burneo?

El incidente más grave reportado en la denuncia es el denominado "asedio" al domicilio privado del presidente del JNE, Roberto Burneo, en San Isidro. La Ampliación de Denuncia indica que los manifestantes, bajo la dirección de Jorge Ugarte, no solo se concentraron en los exteriores, sino que difundieron datos sensibles sobre la vivienda en redes sociales. El JNE acusa a Ugarte de acoso agravado, argumentando que se vigiló y persiguió a la autoridad en su entorno familiar, afectando su tranquilidad y seguridad. El reporte fiscal menciona que se utilizaron grabaciones en tiempo real para exponer la privacidad de la autoridad, lo que constituye un acto de coacción funcional.

¿Qué medidas legales y de seguridad ha activado el JNE tras estas amenazas?

Ante la gravedad de los hechos, el JNE ha solicitado garantías para todos los magistrados del pleno. La Procuraduría ha pedido al Ministerio Público que se identifique a los responsables de proporcionar la dirección del domicilio de Burneo y que se impongan medidas restrictivas contra Jorge Ugarte. Asimismo, la institución ha solicitado a la PNP un patrullaje preventivo en todas sus sedes y en las viviendas de los magistrados ante el anuncio de nuevas movilizaciones de hostigamiento. Se ha recalcado que estas acciones legales buscan preservar el orden democrático y evitar que el acoso sistemático se convierta en una herramienta de presión política.