¿Qué halló la Contraloría en un local municipal de Santa Anita?

Un equipo técnico de la Contraloría General de la República intervino el local Torre II de la Municipalidad de Santa Anita el 13 de octubre de 2025. La inspección buscó verificar el uso correcto de los bienes públicos en el distrito.

La diligencia se realizó en coordinación con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Anticorrupción de Lima Este. En el lugar se encontró una gran cantidad de estructuras utilizadas en campañas proselitistas.

¿Qué elementos halló la Contraloría en el local?

La Contraloría encontró más de 90 marcos de madera que habrían sido elaborados para sostener propaganda electoral. También se hallaron numerosas tablas de distintos tamaños, utilizadas para la instalación de carteles políticos.

Todo el material se encontraba almacenado dentro de las instalaciones municipales, lo que fue registrado mediante un inventario detallado por parte del equipo técnico.

¿A qué campañas estaría vinculado el material encontrado?

Según lo reportado por el personal de la Contraloría, el material hallado tendría relación con la candidatura de David Alegría a la alcaldía de Santa Anita y de César Acuña a la presidencia. Esta vinculación será analizada como parte del proceso de control específico.

El hallazgo ocurrió luego de denuncias difundidas en redes sociales durante el fin de semana anterior a la intervención.

¿Qué acciones tomó la Contraloría durante la intervención?

El equipo de control levantó un inventario completo de los marcos de madera y demás insumos proselitistas. Además, solicitó a la Municipalidad de Santa Anita información sobre el área responsable de gestionar la contratación del material.

También se requirió documentación sobre el origen de los recursos utilizados para adquirir los banners y estructuras encontradas.

¿Qué consecuencias podría tener el uso del local para propaganda?

La utilización de un inmueble municipal para almacenar propaganda electoral puede configurar un uso indebido del patrimonio del Estado. La Contraloría informó que estos hechos serán evaluados para determinar si existe responsabilidad administrativa, civil o penal.

La normativa vigente prohíbe el uso de recursos públicos para fines electorales, por lo que el caso será sometido a revisión legal.

¿Qué tipo de control anunció la Contraloría tras el hallazgo?

La entidad indicó que se realizará un servicio de control específico. Esta medida permitirá establecer si las acciones detectadas se enmarcan en el presunto delito de peculado o en infracciones al deber funcional de los responsables.

El objetivo es esclarecer si hubo omisiones, negligencias o decisiones directas que facilitaron el uso del local con fines proselitistas.

¿Cómo se originó la intervención en Santa Anita?

La intervención de la Contraloría respondió a denuncias ciudadanas difundidas en plataformas digitales. Estas alertas advertían sobre el presunto uso del local Torre II como almacén de materiales de campaña electoral.

La acción fue desarrollada en conjunto con efectivos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

¿Qué pasos siguen tras la inspección?

Una vez concluido el operativo, se notificó a las autoridades municipales sobre los hallazgos. La Contraloría indicó que se procederá con las evaluaciones correspondientes y emitirá un informe técnico con posibles recomendaciones o acciones legales, según corresponda.

Mientras tanto, se mantiene el seguimiento sobre el caso y se espera la respuesta formal de los gestores ediles sobre los hechos observados.

La Contraloría General de la República intervino el local Torre II de la Municipalidad de Santa Anita el 13 de octubre de 2025 tras denuncias sobre uso indebido de instalaciones públicas. Durante la inspección, se hallaron más de 90 marcos de madera y tablas asociadas a propaganda electoral. El material estaría vinculado a las campañas de David Alegría y César Acuña. La Contraloría elaboró un inventario, solicitó información administrativa y anunció un control específico para determinar si existen responsabilidades legales por el uso del patrimonio municipal para fines políticos.