¿Por qué la Contraloría advirtió fallas antes de votar?

La Contraloría General de la República puso en evidencia una serie de deficiencias en el sistema de distribución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El pasado 24 de marzo, el organismo supervisor notificó a la autoridad electoral sobre fallas en su programa logístico que ponían en riesgo el despliegue para los comicios.

Según el informe preventivo, se otorgó un plazo de dos días para que la institución electoral resolviera problemas urgentes relacionados con los transportistas. Las inspecciones iniciales revelaron que las condiciones de los conductores no se ajustaban a los términos de referencia exigidos para un proceso de escala nacional.

¿Qué retrasos detectó la Contraloría en los almacenes?

La Contraloría comprobó que los vehículos encargados de llevar las actas y cédulas no cumplieron con los horarios de salida establecidos en el cronograma oficial. Guzmán Vera, vocero de la entidad, detalló que unidades que debían partir a las 23:00 horas terminaron saliendo recién a las 03:00 horas por falta de coordinación.

Estas demoras logísticas generaron un efecto dominó que afectó la llegada oportuna de los insumos electorales a los centros de acopio regionales y distritales. Los auditores indicaron que el panorama encontrado en las sedes de la ONPE no reflejaba la subsanación de las observaciones realizadas días antes.

¿Cómo afectaron los errores de ruta al material electoral?

La Contraloría documentó casos graves donde el material electoral fue enviado a distritos distintos a los que correspondía según la planificación de la ONPE. Por ejemplo, paquetes destinados a Santiago de Surco fueron cargados en camiones que tenían como destino final locales en San Juan de Lurigancho.

Esta confusión obligó a que el material electoral regresara a la sede central para ser reclasificado, perdiendo horas valiosas para la instalación de las mesas. Estos errores logísticos fueron señalados por los supervisores como una muestra de la falta de control en el proceso de carga y despacho.

¿Por qué se reportó material electoral no recibido?

La Contraloría recibió denuncias de transportistas que aseguraron haber llegado a sus destinos sin encontrar personal institucional que recibiera la mercadería oficial del Estado. En diversos locales de votación, no había responsables de la ONPE acreditados para firmar las guías de remisión y custodiar el material.

Ante la imposibilidad de entregar las ánforas y cédulas, los conductores optaron por retornar con el cargamento hacia los almacenes principales de la capital. Esta falta de recepción adecuada en los puntos de llegada agravó la crisis logística denunciada por el vocero Guzmán Vera durante la inspección.

¿Qué fallas tuvo la empresa Servicios Generales Galaga?

La Contraloría identificó que la empresa contratada para el transporte, Servicios Generales Galaga, carecía de la flota vehicular necesaria para cumplir con el servicio. El último viernes, más de diez auditores visitaron el almacén de Lurín y confirmaron que la proveedora no tenía capacidad operativa suficiente.

Para intentar suplir esta carencia, la empresa realizó subcontrataciones de vehículos que no cumplían con los requerimientos técnicos del contrato firmado con la ONPE. No obstante, a través de un comunicado, la contratista afirmó haber cumplido sus obligaciones y entregó documentación a la Dirección contra la Corrupción.

¿Se vulneró la neutralidad con vehículos municipales?

La Contraloría denunció el hallazgo de un vehículo que portaba el logo de la Municipalidad de Miraflores realizando labores de transporte de material de sufragio. Este hecho es considerado una falta grave, ya que atenta contra el principio de neutralidad electoral que debe regir toda la contienda.

Además de esta irregularidad, se detectaron problemas de embalaje en las cajas electorales y una asignación incorrecta de los equipos tecnológicos para el escrutinio. Los fiscalizadores señalaron que la presencia de unidades municipales en el reparto de una empresa privada debe ser investigada de forma inmediata y exhaustiva.

¿Qué información deberá entregar Piero Corvetto?

La Contraloría solicitó formalmente a Piero Corvetto, titular de la ONPE, un reporte detallado del monitoreo GPS de todas las unidades de transporte utilizadas. También se ha requerido información sobre la puesta en cero del sistema informático y la coordinación realizada con la Policía Nacional.

El organismo supervisor revisará las 60 auditorías realizadas desde enero para determinar por qué falló la cadena de distribución en distritos clave. La información solicitada permitirá conocer si los retrasos en la apertura de mesas de votación fueron consecuencia directa de estas deficiencias logísticas advertidas previamente.

La Contraloría advirtió a la ONPE sobre fallas logísticas críticas antes de las elecciones del 2026, otorgando un plazo de 48 horas para corregir deficiencias. El vocero Guzmán Vera reportó retrasos de hasta cuatro horas en la salida de vehículos, errores en rutas de San Juan de Lurigancho y falta de personal para recibir material. Se detectó que la empresa Servicios Generales Galaga incumplió el contrato al no tener vehículos suficientes y subcontratar unidades, incluyendo una con logo municipal que vulneró la neutralidad. La entidad ahora exige reportes GPS y auditorías detalladas a Piero Corvetto para establecer responsabilidades.