Procuraduría: ¿Por qué no se unirá a demanda contra Brookfield?

La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato informó que no participará como peticionante en la demanda que la Municipalidad de Lima (MML) presentó contra la empresa Brookfield en Estados Unidos. Esta decisión se dio luego de revisar los requisitos legales que exige la Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo el proceso.

La Procuraduría explicó que, según las leyes peruanas y los criterios del juez Lewis Liman, no tiene facultades suficientes para intervenir en ese tipo de procedimiento legal en el extranjero.

¿Por qué no puede participar en esa demanda?

Uno de los principales motivos es que la Procuraduría no tiene la titularidad de la acción penal. En otras palabras, no puede perseguir delitos por sí misma, lo cual es un requisito clave para intervenir en una solicitud de Discovery como la que presentó la MML en Estados Unidos.

Además, el juez del caso señaló que la MML no presentó suficientes razones para que la Corte de Nueva York se considere competente respecto a la empresa Brookfield y su subsidiaria, que están vinculadas con la concesionaria Rutas de Lima.

¿Qué es el proceso de Discovery y qué buscaba la MML?

El Discovery es un procedimiento legal en Estados Unidos que permite pedir documentos o pruebas antes de un juicio. En este caso, la MML quería que Brookfield entregue información sobre cómo evaluó los riesgos y antecedentes de Odebrecht antes de comprarle su participación en la empresa Rutas de Lima.

Sin embargo, al no cumplirse los requisitos formales, ni la Procuraduría ni la Municipalidad pudieron demostrar que la Corte de Nueva York tenía jurisdicción suficiente para obligar a Brookfield a entregar esa información.

¿Entonces, qué está haciendo la Procuraduría?

Aunque no pueda intervenir en EE.UU., la Procuraduría aseguró que sigue trabajando junto al Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, enviando y recibiendo información a través de asistencia judicial internacional en otros países.

En Perú, la institución sigue activa en cuatro procesos penales contra Rutas de Lima, que involucra tanto a Brookfield como a Odebrecht. En estos casos, se han pedido más de S/ 2,200 millones como reparación civil. Uno de los procesos es el de la exalcaldesa Susana Villarán, donde ya se logró que Rutas de Lima y Odebrecht sean considerados responsables civiles por los posibles daños al Estado.