Procuraduría denuncia a consejeros del CAL por caso JNJ

La Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una denuncia penal contra cuatro miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL). La medida fue tomada por presunta interferencia en un proceso judicial que aún se encuentra en trámite, según explicó el procurador Marlo Tello Ponce.

La denuncia se basa en la emisión de resoluciones disciplinarias contra cinco integrantes del pleno de la JNJ, a quienes se les impuso una suspensión temporal por seis meses, mientras se encuentra pendiente una demanda constitucional ante el Poder Judicial con los mismos hechos como base.

¿Por qué fueron denunciados los consejeros del CAL?

Según la Procuraduría, los consejeros del CAL habrían incurrido en el delito de avocamiento ilegal, previsto en el artículo 410° del Código Penal. Este delito se configura cuando una autoridad administrativa interviene en un caso que ya está siendo evaluado por el Poder Judicial.

En este caso, la denuncia resalta que los hechos que motivaron la suspensión de los miembros de la JNJ están siendo evaluados por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima en un proceso de amparo que aún no ha concluido.

¿Qué resoluciones del CAL motivaron la denuncia?

La primera resolución, emitida el 30 de octubre de 2025, admitió una denuncia del Instituto de Defensa Legal (IDL). La segunda, del 2 de enero de 2026, impuso la sanción temporal. Ambas resoluciones fueron emitidas mientras se tramitaba un proceso judicial sobre los mismos hechos.

Los afectados por la suspensión fueron María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo, todos miembros del pleno de la JNJ.

¿Quiénes son los miembros del Consejo Ético denunciados?

Los cuatro consejeros del CAL señalados en la denuncia son Carlos Enrique Ampuero Montes (presidente), Félix Augusto Vasi Zevallos, María Catalina Vera Tudela Peña y Fernando Castañeda Ipanaque. Según la Procuraduría, su intervención fue contraria a la norma constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Se les acusa de emitir sanciones en un contexto donde la justicia aún no ha determinado si las acciones de los miembros de la JNJ fueron o no legales.

¿Cuál es el argumento legal de la Procuraduría?

El procurador Tello Ponce señaló que cualquier autoridad administrativa debe abstenerse de intervenir en temas ya judicializados. Citó normas constitucionales, precedentes del Tribunal Constitucional y una casación de la Corte Suprema como sustento.

El argumento principal es que los consejeros no debieron decidir sobre los actos de los miembros de la JNJ mientras existía un proceso judicial pendiente con los mismos hechos y fundamentos.

¿Qué se cuestiona sobre la legitimidad de los denunciados?

Además del presunto avocamiento, la denuncia incluye observaciones sobre la legalidad del nombramiento de los actuales miembros del Consejo Ético. Una resolución judicial anterior ordenaba la reincorporación de consejeros suspendidos, mandato que no fue cumplido.

Esto, según la Procuraduría, agrava la situación legal de los actuales consejeros, ya que estarían ejerciendo el cargo pese a una orden judicial en contra.

¿Qué pruebas presentó la Procuraduría?

La denuncia incluye resoluciones del Poder Judicial, las resoluciones disciplinarias del CAL y documentos sobre el incumplimiento del mandato judicial de reincorporación. Estos elementos servirán como base para que el Ministerio Público evalúe si abre una investigación formal contra los consejeros.

La Procuraduría señala que estos hechos afectan no solo la independencia jurisdiccional, sino también el funcionamiento institucional de la JNJ.

¿Qué podría pasar si la denuncia avanza?

Si el Ministerio Público considera que hay mérito suficiente, podría iniciarse una investigación penal contra los miembros del Consejo de Ética del CAL. El delito de avocamiento ilegal está sancionado con pena privativa de la libertad.

El caso abre un nuevo capítulo en la controversia entre entidades del sistema judicial y gremios profesionales en torno a los límites de la potestad disciplinaria y el respeto a la jurisdicción constitucional.

La Procuraduría Pública de la JNJ denunció penalmente a cuatro miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima por el presunto delito de avocamiento ilegal. Según el procurador Marlo Tello, los consejeros sancionaron a cinco magistrados de la JNJ mientras existía un proceso judicial pendiente con los mismos hechos. También se cuestiona la legitimidad de los denunciados por incumplir un mandato judicial de reincorporación. La denuncia incluye resoluciones administrativas y judiciales como medios probatorios. El Ministerio Público evaluará si corresponde iniciar una investigación formal contra los denunciados.