¿Por qué el Mininter rechazó dar garantías a la marcha de Juntos por el Perú?

El Ministerio del Interior, a través de su Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías, decidió desestimar de forma oficial el pedido de garantías para la movilización denominada "Marcha en defensa de la democracia". La solicitud había sido ingresada por el personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Adeval Zafra Flores, con el objetivo de obtener el respaldo de la fuerza pública para resguardar una concentración de 5,000 personas que se desplazaría por el centro de la ciudad con dirección al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La entidad del Estado constató que el partido político incurrió en un vicio de forma al no haber respetado los plazos de ley estipulados para este tipo de trámites, los cuales exigen una antelación de por lo menos tres días hábiles para permitir la debida evaluación técnica. Al presentarse y programarse el requerimiento para el mismo día, la administración pública se vio imposibilitada de estructurar el soporte logístico y de seguridad necesario para salvaguardar el orden en las vías públicas comprendidas en la ruta.

¿Cuáles son los impedimentos legales que pesan sobre el recorrido de la marcha?

El pronunciamiento emitido por el director de la entidad, Henry Eugenio Huerta Casaverde, remarcó además que el recorrido propuesto colisionaba con normativas vigentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las cuales catalogan al Centro Histórico como zona intangible para concentraciones de carácter político. Adicionalmente, el documento se ampara en disposiciones constitucionales que impiden el desarrollo de manifestaciones ciudadanas de protesta de manera directa frente a las sedes institucionales de los diferentes órganos constitucionales autónomos del país.

Tras emitirse la medida, el Ministerio del Interior ordenó trasladar la resolución a la Región Policial de Lima para que actúe bajo sus atribuciones de control del orden público y fiscalización. Las autoridades recordaron que en caso de que los organizadores decidan llevar adelante la movilización sin contar con el permiso correspondiente, se verán expuestos al inicio de los procedimientos administrativos sancionadores contemplados en el marco jurídico del sector.