Podría haber nueva ola migratoria tras la caída de Nicolás Maduro
Especialistas analizan la posibilidad de que ciudadanos venezolanos inicien un nuevo flujo migratorio hacia la región impulsado por la inestabilidad política
Especialistas advierten que la caída de Nicolás Maduro podría generar una nueva ola migratoria de ciudadanos venezolanos hacia diversos países de la región. A diferencia de flujos anteriores motivados por la crisis económica, esta vez el desplazamiento se debería a la inestabilidad política interna. Según indicaron los expertos, esta situación requiere una respuesta coordinada entre las naciones vecinas para gestionar el posible impacto.
El experto en temas migratorios, Nicolás Zevallos, señaló que la caída del régimen podría dispersar no solo a civiles, sino también a organizaciones criminales. Según explicó, existe el riesgo de que integrantes de la cúpula chavista intenten salir del país para evitar las consecuencias políticas de la transición. Esta situación obligaría a los países receptores a implementar medidas de vigilancia mucho más estrictas en sus puntos fronterizos.
La preocupación principal radica en que el motivo de la huida ya no sería el hambre, sino el temor a represalias o el desorden institucional. Las organizaciones criminales que operaban bajo el amparo de la gestión anterior podrían buscar nuevos territorios para continuar sus actividades ilícitas. Ante esto, la Policía y las agencias de inteligencia de los países vecinos deberán estar alertas ante cualquier movimiento sospechoso en los pasos legales e ilegales.
¿Qué riesgos representa este nuevo flujo migratorio según los expertos?

Nicolás Zevallos consideró que los gobiernos de la zona deben unir esfuerzos para blindar sus fronteras ante el posible ingreso de elementos delictivos. La vigilancia compartida sería clave para identificar a personas con antecedentes o vínculos con estructuras de poder cuestionadas en su país de origen. Según señaló, impedir el ingreso de delincuentes es una prioridad para mantener la seguridad interna de cada nación.
El especialista enfatizó que la seguridad regional depende de la capacidad de intercambio de información inmediata entre las autoridades migratorias. La propuesta incluye un monitoreo constante de los puntos ciegos en las zonas limítrofes por donde suelen ingresar flujos irregulares. Fuentes oficiales indican que la coordinación multilateral será el único camino para contener una dispersión desordenada de personas con historial criminal.
Asimismo, se advirtió que la inestabilidad política podría acelerar la salida de quienes aún permanecían en el territorio esperando un cambio de mando. Este nuevo escenario plantea un desafío logístico para las instituciones encargadas de los registros migratorios en toda Sudamérica. Las autoridades deberán reforzar sus sistemas de verificación de identidad para asegurar que el proceso de ingreso se realice bajo estrictas normas de seguridad.
¿Qué pasará con los ciudadanos que ya radican en el Perú?

El abogado internacionalista Miguel Ángel Porras estimó que los ciudadanos extranjeros que ya viven en el Perú no tienen intenciones de regresar a su lugar de origen de forma inmediata. Según el experto, muchos de ellos ya se han enraizado en la sociedad peruana tras haber permanecido varios años en el territorio nacional. El arraigo familiar y laboral que han generado sería el factor determinante para que decidan quedarse en el país.
Porras consideró que para aquellos que sí deseen retornar tras la salida de Maduro, será necesaria la creación de un corredor humanitario regional. Esta iniciativa debería incluir la participación activa de países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia y la propia Venezuela para garantizar un tránsito ordenado. La propuesta busca facilitar el traslado de personas de manera segura y bajo la supervisión de los organismos correspondientes de cada nación involucrada.
El análisis legal sugiere que la formación de este corredor permitiría gestionar el flujo de retorno sin colapsar los servicios fronterizos de los países de tránsito. Las autoridades deberán coordinar aspectos logísticos y de documentación para asegurar que el proceso se realice bajo estándares internacionales de protección. Por ahora, se espera que las cancillerías analicen la factibilidad de estos acuerdos frente al nuevo escenario político que se presenta en la región.














