PNP responde a caso de detención de fiscales en Ucayali

La Policía Nacional del Perú rechazó la denuncia por presunto secuestro formulada por la Junta de Fiscales Supremos tras la detención de dos magistrados en Ucayali. El comando policial informó que los fiscales fueron intervenidos en flagrante delito por supuesta usurpación de funciones públicas durante la segunda vuelta electoral. La institución emitió un comunicado oficial para detallar los hechos ocurridos el pasado domingo 7 de junio de 2026.

La intervención ocurrió en la localidad de Yarinacocha luego de que los ciudadanos denunciaran la presencia de 17 cédulas de sufragio marcadas en un colegio. Se constató que el Ministerio Público acusó a los agentes de retener ilegalmente a los fiscales desde las 14:30 horas hasta las 19:00 horas. La institución policial argumentó que los fiscales retiraron las evidencias del local de votación sin permitir las pericias urgentes de los peritos.

¿Cuál es el sustento de la Policía para detener a los fiscales en Ucayali?

El sustento de la Policía para detener a los fiscales se basa en que el Ministerio Público no posee facultades para realizar investigaciones directas en la etapa preliminar. La institución invocó los criterios de la Sentencia del Tribunal Constitucional 150-2025 para defender las competencias de las comisarías en la escena del crimen.

El documento del organismo detalla que los fiscales habrían incurrido en un presunto encubrimiento real al llevarse el material incriminado.

El comunicado institucional del 09 de junio de 2026 afirma que las acciones fiscales entorpecieron la identificación de los responsables de los delitos electorales. La dirección policial ratificó que otorgará asesoría jurídica gratuita a los efectivos denunciados por secuestro por la Junta de Fiscales Supremos. Los voceros policiales indicaron que los suboficiales actuaron en estricto cumplimiento de sus deberes constitucionales de prevención del delito.

¿Qué peticiones formuló la institución policial ante la Junta de Fiscales?

La institución policial solicitó a la Junta de Fiscales Supremos el traslado de todas las investigaciones penales a una sede fiscal ubicada fuera de Ucayali. La propuesta busca apartar a los magistrados locales de la conducción jurídica del caso para garantizar la transparencia y la objetividad de las pericias de ley. El despacho de la División de Investigación Criminal continuará recopilando las declaraciones de los testigos en la provincia de Coronel Portillo.

Las estadísticas nacionales de las elecciones presidenciales registraron el hallazgo de 2985 cédulas marcadas en 52 mesas de votación en diversas regiones del país. Las intervenciones en los locales de votación dejaron un saldo de 47 personas detenidas a nivel nacional, incluyendo personeros políticos y miembros de mesa. En la capital de la república, la Unidad de Flagrancia ordenó la liberación de tres investigados al no hallarse pruebas suficientes en su contra.