Plantean sancionar uso de pirotécnicos como arma en protestas

Un nuevo proyecto de ley busca penalizar el uso de pirotécnicos en protestas sociales cuando estos sean empleados como armas de ataque. La iniciativa fue presentada por el congresista Héctor Valer Pinto y plantea modificar el Código Penal para sancionar esta conducta con penas de hasta 15 años de prisión.

La propuesta se presentó el 24 de octubre y cuenta con el respaldo de seis congresistas coautores.

¿Qué sanciones propone la ley para este tipo de actos?

El proyecto busca incorporar un nuevo párrafo al artículo 279-C del Código Penal. La pena base para quienes utilicen pirotécnicos o explosivos con intención de causar daño durante una protesta sería de 6 a 10 años de cárcel.

Si los hechos provocan lesiones graves o la muerte de una persona, la sanción se eleva a entre 10 y 15 años de prisión.

Estas penas se aplicarían a quienes lancen artefactos con el objetivo de intimidar o herir a policías, ciudadanos o cualquier otra persona.

¿Cuál es la diferencia con la ley actual sobre pirotécnicos?

Actualmente, el Código Penal sanciona con hasta 10 años de cárcel a quienes comercialicen o usen pirotécnicos sin autorización.

La nueva propuesta apunta a casos en los que estos elementos sean usados como armas en aglomeraciones, sin importar si el responsable tenía o no permiso para su tenencia.

Según el documento, este escenario representa un riesgo mayor que merece un tratamiento legal específico y agravado.

¿Qué hechos recientes motivaron la propuesta?

El proyecto cita como referencia las manifestaciones del 15 de octubre de 2025, en las que, según registros audiovisuales, individuos encapuchados usaron explosivos caseros y pirotécnicos contra la Policía.

Algunos artefactos fueron disparados desde mochilas como si fueran bazucas, según se observa en videos.

Estas imágenes sirvieron como sustento para señalar que la violencia ha escalado en ciertas protestas.

¿A quiénes afecta el uso de explosivos en manifestaciones?

El documento advierte que estos ataques no solo afectan a policías, sino también a periodistas, serenos, funcionarios públicos y personas ajenas a la protesta. También se menciona el riesgo para niños, ancianos y ciudadanos que transitan cerca del lugar.

La propuesta enfatiza que estas acciones violentas deben ser distinguidas del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

¿Se busca criminalizar las protestas sociales?

Según la iniciativa, esta señala que su intención no es limitar el derecho a la manifestación pacífica.

En cambio, busca proteger tanto a manifestantes como a agentes del orden y ciudadanos frente a situaciones que ponen en peligro la vida e integridad física de las personas.

El proyecto sostiene que “la violencia encubierta bajo el pretexto de protesta no será aceptada”.

¿Qué riesgos sanitarios y físicos implican estos artefactos?

Según el documento, el uso de pirotécnicos como armas puede causar quemaduras, lesiones irreversibles, pérdida de audición, daño ocular permanente y riesgo de incendios.

Además, pueden generar contaminación del aire y efectos psicológicos en personas vulnerables.

Estas consecuencias fueron incluidas como justificación para endurecer las penas.

¿Qué efectos tendría la ley si es aprobada?

Si el Congreso aprueba el proyecto, la norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. El texto también afirma que no implicará gastos adicionales para el Estado.

La medida se enmarca en la Agenda Legislativa 2024-2025 y busca reforzar la seguridad ciudadana sin afectar derechos constitucionales.

El congresista Héctor Valer presentó un proyecto que propone sancionar con hasta 15 años de prisión el uso de pirotécnicos o explosivos durante protestas cuando estos se empleen como armas. El proyecto modifica el artículo 279-C del Código Penal e incorpora penas agravadas si hay víctimas. La propuesta afirma que no busca criminalizar la protesta social, sino proteger la vida e integridad de todos los participantes. La norma, que ya cuenta con coautores, entraría en vigencia al día siguiente de su publicación oficial y no generaría gasto fiscal adicional.