El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó la solicitud de la defensa legal del expresidente Pedro Castillo para la revisión de oficio de la prisión preventiva de 36 meses en su contra en los casos denominados Petroperú, Ministerio de Vivienda y Puente Tarata.
"El Poder Judicial rechaza pedido del expresidente Pedro Castillo para revisar de oficio la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra, tras ser investigado por los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias", se detalló en la publicación de la cuenta oficial de X [antes Twitter] del organismo estatal.
Juan Carlos Checkley, magistrado a cargo del caso, calificó de "compleja" la investigación en las entidades Petroperú S.A., Provias, y Ministerio de Vivienda. En ese sentido, añadió que existiría peligro de fuga y obstaculización por parte del exmandatario Pedro Castillo.
"Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el imputado Pedro Castillo, y consecuentemente, se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses dictada por este juzgado supremo mediante resolución 3 del 9 de marzo de 2023", se dictaminó.
¿DE QUÉ SE ACUSA AL EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO?
De acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía de la Nación, el expresidente Pedro Castillo habría incurrido en el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad organización criminal agravada por su condición de cabecilla, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal.
Como se recuerda, el expresidente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo desde diciembre del 2022 por el proceso en su contra por este delito de rebelión, y adicionalmente se dictó en su contra una segunda prisión preventiva en la investigación por organización criminal.
Asimismo, al exjefe de Estado se le imputa la comisión del delito contra la administración pública - delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad tráfico de influencias agravado, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal.
Además, por su calidad de cómplice de presunto delito contra la administración pública-delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de colusión.
