Pacientes con VIH denuncian falta de medicinas en hospitales

Más de 90 mil personas que viven con VIH en el Perú se encuentran en alerta. El riesgo es concreto: denuncias recientes apuntan a un nuevo episodio de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales, insumos vitales para controlar el avance del virus. A pesar de los reportes, el Ministerio de Salud niega una crisis de stock y asegura tener cobertura para este año.

Frente a la sede del Minsa, en Jesús María, se realizó un plantón encabezado por organizaciones como el Observatorio de VIH y representantes del sistema comunitario GIVAR. Los pacientes reclaman una respuesta real, luego de años de advertencias sistemáticas sobre los quiebres en la cadena de suministro de medicinas esenciales.

Pacientes: “Sin medicación, podríamos morir”

Durante la protesta, voceros como Ali Yache enfatizaron el impacto que tiene la falta de acceso a tratamiento. “Todos los años quienes vivimos con VIH sufrimos el desabastecimiento en diversos medicamentos a nivel nacional”, declaró. La ausencia de antirretrovirales puede generar que la carga viral se dispare, el sistema inmune colapse y se ingrese en fase SIDA, con riesgo letal.

El temor se sostiene en testimonios. “No es que podamos esperar. Si no tomamos la medicación, enfermamos”, explicó un manifestante. La queja común es que en varios hospitales no se entregan los esquemas completos o se fraccionan tratamientos por falta de inventario.

El Minsa niega quiebre, pero admite problemas de compra

Desde el Ministerio de Salud, el director de Intervenciones Estratégicas, Cristian Díaz, respondió que existe un malentendido. “Tenemos medicamentos coberturados para dar a la población con VIH este año, incluso para el 2026”, afirmó. Sin embargo, reconoció que uno de los productos clave –que representa el tratamiento del 15% de pacientes– no estuvo disponible en el mercado nacional, lo que obligó a una compra internacional.

Según Díaz, ese lote llegará en septiembre. Mientras tanto, el Minsa asegura que se ha redistribuido stock para mantener abastecidos los establecimientos, aunque reconoce que puede haber habido “retrasos” o “errores de comunicación” en algunos puntos del país.

GIVAR reporta más de 150 denuncias en 2025

Pese a la versión oficial, los datos de vigilancia comunitaria revelan otra realidad. Según el sistema GIVAR, en lo que va de 2025 se han presentado 154 denuncias por vulneración del derecho a la salud de personas con VIH. De estas, 103 están directamente relacionadas con el desabastecimiento de retrovirales.

Los reportes provienen mayoritariamente de centros del Ministerio de Salud (67) y de EsSalud (47), pero también se identificaron casos en servicios administrados por ONG. Las quejas incluyen tratamientos de primera, segunda y tercera línea, lo que muestra un impacto amplio y sostenido.

Hospitales con 0% de stock y medicamentos críticos

Entre los casos más graves figura el del Hospital Sergio Bernales, donde se notificó la falta total de medicamentos como Abacavir + Lamivudina, y niveles críticos de Dolutegravir, Emtricitabina + Tenofovir y TLD (Dolutegravir + Lamivudina + Tenofovir), uno de los más utilizados.

La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro ya emitió informes internos alertando sobre la situación. A pesar de los oficios enviados por la sociedad civil, no hay, hasta el momento, una respuesta oficial detallada que reconozca la magnitud del problema.

Discriminación y fallas en confidencialidad agravan panorama

El desabastecimiento no es el único drama. GIVAR también ha documentado 23 casos de discriminación en servicios de salud. Uno de los más delicados ocurrió cuando una mujer con VIH fue desatendida durante el trabajo de parto. Su bebé terminó en cuidados intensivos. Además, hay 14 denuncias por quiebre de confidencialidad médica, incluyendo personas despedidas tras la divulgación de su diagnóstico.

“Estas situaciones reflejan que el problema no solo es estructural, sino también cultural. El estigma sigue presente”, advirtió Marlon Castillo, vocero de GIVAR. Según él, la persistencia de estos casos debilita los esfuerzos de salud pública y desalienta la adherencia al tratamiento.

¿Qué pasa con las compras y distribución?

Para los colectivos ciudadanos, la raíz del problema está en el sistema de compras públicas. “No podemos seguir dependiendo de que un lote llegue o no. Las vidas están en juego”, enfatizó Castillo. GIVAR exige una reforma que garantice abastecimiento sostenido, mecanismos de alerta preventiva y mayor transparencia en el proceso de adquisición de medicamentos.

El Ministerio de Salud, por su parte, ha prometido una mejora en el proceso. Sin embargo, activistas desconfían de los compromisos sin cronogramas ni medidas concretas. En años anteriores, situaciones similares no fueron resueltas a tiempo, y muchos pacientes tuvieron que detener o modificar sus tratamientos sin supervisión médica adecuada.

Más de 130 mil personas con VIH en el país

Actualmente, más de 90 mil personas reciben tratamiento ARV en el sistema público, según cifras oficiales. No obstante, se estima que la población total con VIH en el Perú supera las 130 mil personas. Esto implica que miles no están en tratamiento, ya sea por barreras de acceso, estigma o falta de diagnóstico oportuno.

Organizaciones comunitarias como el Observatorio de VIH alertan que los retrocesos en políticas de atención podrían echar por tierra años de avances. Exigen al Estado asumir el tratamiento de personas con VIH como un derecho no negociable, que debe ser blindado frente a cambios de gobierno o limitaciones presupuestales.

La urgencia de garantizar el tratamiento sin quiebres

En conclusión, el reclamo de las personas que viven con VIH no es nuevo. Cada año se enfrentan a un escenario que pone en peligro sus vidas. Aunque el Minsa niega un desabastecimiento generalizado, las denuncias acumuladas, los reportes de hospitales y la presión comunitaria revelan un sistema que necesita reformas urgentes.

Mientras tanto, la exigencia es clara: garantizar que el tratamiento continúe sin interrupciones y que nunca más el acceso a la salud dependa de la llegada o no de un lote.