La otra invasión de la congresista María Acuña

La congresista de Alianza para el Progreso fue denunciada por ocupar una calle entera en Pimentel, Chiclayo. Se trata de una nueva invasión, pese a una orden municipal que le exigía liberar el área desde 2022.

La parlamentaria María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso (APP), volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez por haber cercado ilegalmente una vía pública en el distrito de Pimentel, en Chiclayo, su ciudad natal. Según documentos municipales, la congresista cerró más de 150 metros cuadrados de una calle urbana, adyacente a un colegio, para ampliar su propiedad privada.

La obstrucción se mantiene pese a que la Municipalidad Distrital de Pimentel emitió una resolución de demolición en 2022 y volvió a notificarla en 2023. Cuarto Poder confirmó, con imágenes y documentos oficiales, que la ocupación persistía hasta mediados del 2025.

Cerco ilegal impide libre tránsito y colinda con colegio

El área invadida es la calle N, también conocida como calle Proverbios, en la urbanización El Santuario. Según los informes técnicos, la calle se encuentra interrumpida por un cerco perimétrico construido por la congresista, que limita directamente con un centro educativo.

El cerco afecta el paso vehicular y peatonal, y la resolución municipal ordena su demolición inmediata, señalando que la obra fue realizada sin licencia de construcción y afecta el derecho al libre tránsito.

Dos órdenes de desalojo fueron ignoradas

A pesar de la resolución del 2022 y una nueva notificación emitida en 2023, la congresista María Acuña no cumplió con liberar la vía, alegando que desconocía la situación legal. En declaraciones públicas, afirmó que todo lo relacionado con su propiedad en Chiclayo era manejado por sus abogados.

Recién tras la exposición pública del caso, el 18 de julio de 2025, el cerco fue retirado por personal vinculado a la propia congresista, según confirmó un regidor de la comuna. La municipalidad aclaró que no ejecutó la demolición, lo que indica que fue una acción privada.

¿Encubrimiento político desde la municipalidad?

El alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Sousa, también de APP, ha evitado ejecutar la resolución municipal. En lugar de fiscalizar la ocupación ilegal, ha participado junto a la congresista en actos públicos e inauguraciones, agradeciéndole incluso por su gestión política.

Especialistas en temas municipales advierten que esta falta de acción podría constituir omisión de deber funcional y favorecer una situación de impunidad frente a un delito que afecta bienes públicos.

La demolición no borra el delito

La ocupación ilegal de una vía pública constituye el delito de usurpación, independientemente de si el cerco fue retirado después. La intervención posterior no elimina el acto ilícito, según juristas consultados, quienes sostienen que los bienes estatales no pueden ser ocupados, vendidos ni transferidos por particulares.

Imágenes aéreas difundidas por Cuarto Poder muestran la calle cerrada antes del retiro del cerco, mientras en el interior de la propiedad se observaban trabajos de construcción en curso, pese a la orden de demolición vigente.

Resumen:

-María Acuña fue denunciada por invadir una vía pública en Pimentel, Chiclayo.

-La municipalidad ordenó la demolición en 2022 y volvió a notificarla en 2023.

-La calle N o “Proverbios” fue cercada ilegalmente y colinda con un colegio.

-La demolición recién se ejecutó tras el reportaje de Cuarto Poder en 2025.

-La acción fue realizada por personal de la congresista, no por la autoridad.

-El alcalde local, también de APP, evitó tomar medidas contra la invasión.

-Juristas advierten que retirar el cerco no elimina el delito de usurpación.