Operación en Pataz: incautan arsenal en campamento ilegal

La madrugada en Los Alisos, distrito de Pataz, fue distinta. Equipos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), con apoyo de la Policía, irrumpieron en un campamento ilegal en plena zona minera. El objetivo era claro: neutralizar un enclave del crimen organizado y de la minería ilegal. Lo que encontraron confirmó los peores temores.

En el lugar, las fuerzas del orden descubrieron un arsenal de guerra: fusiles de asalto, pistolas limadas, una subametralladora y cientos de municiones de distintos calibres. También explosivos industriales como emulsiones hidrogel y detonantes de alta potencia. Todo esto dentro de la Concesión Minera María Antonieta, donde las redes criminales operaban bajo el amparo de la ilegalidad.

¿Qué armas y explosivos se encontraron?

Lo incautado fue alarmante. Las fuerzas de seguridad decomisaron cinco armas de fuego de uso militar: un fusil Mauzer calibre .308, un fusil R15 limado, una pistola CZ Escorpio 9 mm, una subametralladora MGP-84 y un fusil COLT calibre 5.56 mm. Varios de estos armamentos tenían modificaciones para impedir su rastreo.

Además, se hallaron más de 370 municiones, incluyendo calibres 5.56 mm, 9 mm, .45 mm, y 48 cartuchos de escopeta. Las autoridades también se llevaron 18 cacerinas, de las cuales 4 estaban abastecidas. Este tipo de arsenal no es habitual en actividades legales, lo que refuerza los vínculos entre estos grupos y el crimen organizado.

Pero el hallazgo más sensible fue el material explosivo: 125 emulsiones hidrogel de diferentes colores y 190 detonantes Cardex marca Famesa, comúnmente usados para voladuras en minería ilegal. Estos materiales no solo son peligrosos, sino también capaces de provocar daños severos en personas e infraestructura.

¿Por qué es importante este operativo?

La Operación Calcuchimac no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia del Estado para recuperar el control territorial en zonas donde la minería ilegal ha crecido sin freno. La provincia de Pataz ha sido escenario de múltiples operaciones similares en los últimos meses, entre ellas “Apocalipsis”, “Yanahuma”, “Armagedón” y “Rayo”.

Cada operativo tiene el mismo objetivo: debilitar las capacidades logísticas de las mafias que se enriquecen extrayendo oro sin autorización, contaminando el medio ambiente, y muchas veces enfrentando a las autoridades con violencia. Este operativo, según fuentes oficiales, fue una victoria táctica, pero también un mensaje: el Estado no se retirará.

¿Cómo afecta esta situación a la población local?

Más allá del armamento y los explosivos, la presencia de campamentos ilegales tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los pobladores. Estos enclaves suelen estar acompañados de violencia, trata de personas, explotación laboral y ambiental, así como de redes de corrupción que imposibilitan el desarrollo ordenado de la zona.

La minería ilegal genera ingresos rápidos para algunos, pero también trae consigo inestabilidad, contaminación de ríos, destrucción de ecosistemas y un aumento de delitos. En varias zonas de Pataz, la población vive bajo la sombra de estas mafias, sin garantías para su seguridad ni acceso a servicios básicos.

Por eso, las autoridades insisten en que estos operativos no son solo acciones militares, sino medidas para devolver tranquilidad a comunidades que durante años han sido abandonadas por el Estado.

¿Quién lideró la operación y qué dijo el jefe militar?

La intervención fue dirigida por el Comando Operacional del Norte y ejecutada por unidades especializadas del Comando Unificado Pataz. El general de Ejército David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, calificó el resultado como una “victoria estratégica” contra el crimen organizado en la sierra liberteña.

“La Operación Calcuchimac reafirma nuestro compromiso con la paz y el orden. No retrocederemos ante las mafias”, declaró el general Ojeda, quien también recordó que esta acción se suma a otras similares que han debilitado estructuras criminales en la región.

¿Qué instituciones participaron en la intervención?

Esta no fue una operación exclusivamente militar. El despliegue contó con la coordinación de múltiples entidades estatales: el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Sunat, Sucamec y Migraciones. Cada una de estas instituciones cumplió un rol específico: verificación de explosivos, fiscalización, control de armas, identificación de personas y revisión de documentos.

Este trabajo articulado busca evitar que las mafias se reorganicen y regresen. Las autoridades aseguran que este enfoque multisectorial será clave para sostener la presencia del Estado y evitar que los campamentos ilegales resurjan en otras zonas.

¿Se vienen más operativos como este?

Sí. El general Ojeda anunció que se intensificarán las acciones en toda la zona de influencia minera ilegal. “Vamos a seguir golpeando a estas mafias. Nuestra presencia no es temporal, es sostenida”, indicó. Las autoridades no descartan nuevas operaciones similares en otras concesiones donde se sospecha que operan grupos armados o estructuras ilegales.

La estrategia incluye presencia militar, operativos con fiscales y equipos de inteligencia, así como trabajo conjunto con las comunidades para evitar que estos territorios caigan nuevamente en manos del crimen.

¿Qué representa Calcuchimac en la lucha contra la minería ilegal?

Calcuchimac no solo fue un operativo exitoso: es un punto de inflexión. Su ejecución demuestra que es posible actuar con eficacia, coordinación interinstitucional y respeto a los derechos humanos. También deja claro que el Estado ha decidido no ceder terreno frente a una de las amenazas más persistentes para la seguridad nacional: la minería ilegal.

El mensaje que deja esta intervención es que el camino hacia la pacificación de Pataz está en marcha. Aún hay desafíos enormes, pero las acciones como esta refuerzan la confianza ciudadana y muestran que el control del territorio es posible si se actúa con decisión y estrategia.