Lava Jato: PJ rechaza suspensión de peajes de Línea Amarilla

El Poder Judicial declaró infundado el requerimiento del Ministerio Público para suspender temporalmente la recaudación de peajes de la concesión Línea Amarilla, administrada por la empresa Lima Expresa S.A.C. (antes LAMSAC), en el marco de las investigaciones por corrupción contra la exalcaldesa Susana Villarán y la constructora brasileña OAS, en el caso Lava Jato.

La decisión fue emitida por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El magistrado consideró que no se cumplen los presupuestos legales para aplicar la medida coercitiva solicitada.

El pedido fiscal: suspensión del cobro y designación de administrador

El Ministerio Público planteó la suspensión de las actividades de recaudación de peaje de Línea Amarilla, así como el nombramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de EMAPE, como administrador judicial. La solicitud se amparó en el artículo 313 del Código Procesal Penal, y formaba parte de las diligencias contra las empresas implicadas por presunto lavado de activos.

La concesión involucra a Lima Expresa S.A.C., Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, Constructora OAS Ltda., Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. (INVEPAR) y Línea Amarilla Brasil Participações S.A.

Argumentos de la defensa de Lima Expresa S.A.C.

La defensa técnica de la concesionaria expuso tres fundamentos principales para oponerse a la suspensión del cobro de peajes:

Cese de efectos lesivos

Según Lima Expresa, desde agosto de 2020 se aplica la fórmula de reajuste de peajes validada por la MML, la Fiscalía y la Procuraduría, en cumplimiento del laudo arbitral CAIP 1 de junio de ese año. Además, presentaron reconocimientos escritos de la Municipalidad de Lima que avalan esta práctica.

Sostienen que otro laudo arbitral determinó que las actas de trato directo no alteraron el equilibrio económico-financiero del contrato ni generaron sobrecostos. Incluso un informe pericial de parte concluyó que, entre 2015 y 2019, la empresa cobró menos de lo debido.

Inexistencia de peligro procesal

La defensa afirmó que la Fiscalía ya incautó la documentación relevante durante los allanamientos de mayo de 2023, descartando riesgos de ocultamiento o destrucción de pruebas. Añadieron que algunos documentos solicitados nunca estuvieron en sus oficinas, lo que descartaría toda intención de obstrucción.

Proporcionalidad

Alegaron que una suspensión de un año llevaría a la quiebra a la empresa, lo que pondría en riesgo el empleo de 627 personas, el pago a acreedores nacionales —como fondos de pensiones y bancos— y afectaría la recaudación fiscal vía IGV. Dado que Lima Expresa es una sociedad de propósito exclusivo, la medida la dejaría sin operar.

Debate sobre la sentencia del Tribunal Constitucional en caso Rutas de Lima

La Fiscalía intentó vincular el presente proceso con la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso “Rutas de Lima”, que exhortó al Poder Judicial a tomar medidas por actos de corrupción en concesiones viales. No obstante, la defensa sostuvo que este precedente no es aplicable.

La sentencia en cuestión abordaba la afectación al derecho al libre tránsito por la falta de rutas alternas, no hechos de corrupción directamente. Por ello, argumentaron que no puede emplearse como base jurídica para la suspensión del cobro de peajes en Línea Amarilla.

La solicitud del Ministerio Público en detalle

En octubre de 2024, la Fiscalía formalizó su pedido de suspensión en los peajes de la Vía de Evitamiento (Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita y Ramiro Prialé) y en la sección 2 de los peajes Estadio, Ejército y Huánuco.

El objetivo era evitar que las empresas investigadas continúen generando ingresos durante el proceso penal y que los bienes del contrato quedaran bajo custodia de la Municipalidad de Lima mediante Emape, como administrador judicial temporal.

Caso Lava Jato: antecedentes del contrato y presuntas irregularidades

El contrato original de Línea Amarilla fue modificado con la Adenda Nº 1 para incluir el Proyecto Río Verde, eliminando la construcción del COSAC IV. Esta adenda obligaba a LAMSAC a aportar US$ 74.5 millones a un fideicomiso. La Fiscalía sostiene que:

• El proyecto no contaba con estudios técnicos.

• No se incluyó en el área original de la concesión.

• Implicaba recursos públicos sin aprobación del MEF.

• Eliminar el COSAC afectó a los ciudadanos y benefició al concesionario.

Reajuste tarifario y perjuicio económico para Lima

En 2013, LAMSAC aplicó un reajuste del 100% del IPC Perú sin considerar la fórmula contractual (50% IPC y 50% tipo de cambio). Además, cobró desde una fecha posterior, lo que le generó un reconocimiento por menores ingresos.

Este error —según la MML— permitió que la empresa obtuviera más de S/ 20 millones de manera indebida y evitó penalidades por US$ 1.2 millones, generando un perjuicio económico directo para la comuna limeña.

Fallo en EE.UU.: Lima deberá pagar US$ 200 millones a Rutas de Lima

En junio, una corte de apelaciones de Washington D. C. ratificó dos laudos arbitrales internacionales que obligan a la Municipalidad de Lima a pagar casi US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima, hoy en manos de Brookfield Infrastructure.

El proceso se originó por la paralización de un nuevo peaje. Lima alegó corrupción en la adjudicación del contrato, pero el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes. La defensa de la municipalidad sostiene que se presentarán nuevas evidencias en un proceso adicional vinculado a Susana Villarán.

Arbitrajes en curso y demanda ante el Ciadi

Brookfield mantiene un tercer arbitraje contra Lima y una demanda ante el Ciadi contra el Estado peruano por presunta expropiación. La compensación exigida asciende a US$ 2700 millones.

Scott Nielson, abogado de Lima, aseguró que el fallo estadounidense se basó en documentos obsoletos y anunció que el Estado peruano ha solicitado la entrega de pruebas clave para respaldar su defensa.