Juan Silva pide anular orden de captura por caso Puente Tarata

El exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, reapareció de forma virtual este martes a través de su defensa, para solicitar ante la Corte Suprema que se le permita enfrentar en libertad el proceso por el caso Provías Descentralizado – Puente Tarata. Su pedido busca revertir la orden de prisión preventiva por 36 meses que dictó en su contra el Poder Judicial hace más de un año.

¿Por qué busca cambiar su situación legal?

Según la defensa de Silva, el plazo de prisión preventiva ya habría vencido y, en consecuencia, deberían cesar las órdenes de búsqueda y captura dictadas en su contra. No obstante, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró en marzo que este argumento no introduce elementos nuevos que sustenten un cambio de medidas.

Checkley también recordó que la orden de prisión no ha podido ejecutarse, pues Silva se encuentra prófugo desde el 4 de junio de 2022, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

¿Qué delitos se le imputan a Juan Silva?

La Fiscalía considera al exministro como parte de una presunta red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Según esta tesis, Silva habría facilitado el direccionamiento de obras públicas desde el MTC, incluyendo la cuestionada licitación del Puente Tarata.

Un colaborador eficaz sostuvo que el exministro habría recibido US$ 100 mil como pago inicial por esta adjudicación. También existen transcripciones de audios que respaldan estos señalamientos y lo vinculan con Fray Vásquez, sobrino del exmandatario.

¿Qué sigue ahora en el proceso?

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto el pedido y anunciará su decisión en los próximos días. Mientras tanto, sigue vigente la notificación roja de INTERPOL que busca la ubicación y captura de Silva hasta junio de 2027.

Tres años después de su fuga, el exministro sigue sin ser ubicado por las autoridades. Y aunque insiste en que se le permita volver al proceso bajo comparecencia simple, la justicia aún no encuentra razones suficientes para revocar la prisión preventiva que lo mantiene como prófugo.