El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará hoy, desde las 9:30 de la mañana, la solicitud de suspender por 36 meses el cargo de fiscal suprema a Patricia Benavides, investigada por liderar una organización criminal durante su gestión en el Ministerio Público.
En diálogo con Canal N, Jorge del Castillo, abogado de la suspendida fiscal de la Nación, indicó que la extensión de la suspensión contra su patrocinada no corresponde en esta etapa preliminar de la investigación.
En esa línea, lamentó la inhibición del juez Juan Carlos Checkley tras la recusación presentada por la fiscal Delia Espinoza.
Según Del Castillo, Espinoza alegó que se enteró recientemente de la situación. Sin embargo, menciona que los documentos indican que tenía conocimiento desde hace meses.
"Ha habido una presión mediática y política para que el juez Juan Carlos Checkley salga del camino", expresí el abogado de Benavides.
Al respecto, espera que el nuevo juez encargado del caso, Saúl Peña Farfán, resuelva conforme a ley y declare improcedente esta medida.
“No corresponde a esta preliminar el pedido de suspensión de la función pública. No corresponde, en primer lugar, porque estamos en una completamente previa. No hay posibilidad de que esto suceda, existen muchos antecedentes”, manifestó.
El abogado de Patricia Benavides sumó la postura de los congresistas quienes han señalado que el único organismo con potestad para suspender a un funcionario público es el Parlamento, no un juez en una etapa preliminar del proceso.
Posteriormente, cuestionó las decisiones que toma la Junta Nacional de Justicia debido a que señaló que existen antecedentes de otros casos de destitución donde se requerían cinco votos para tomar una decisión, pero en esta situación, discute la posibilidad de una mayoría simple.
Además, argumenta que las pruebas presentadas hasta ahora son insuficientes para justificar una suspensión de tres años del cargo de fiscal de la nación.
Procesos contra Patricia Benavides
En cuanto a los procesos contra Benavides, uno relacionado con chats que surgieron en noviembre fue desestimado por falta de pruebas sólidas. Otro expediente sigue en curso, pero también enfrenta cuestionamientos sobre su validez.
Entre tanto, la Junta Nacional de Justicia deberá resolver si procede la destitución de la fiscal, una decisión que podría generar una crisis constitucional si se toman medidas sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
