JNJ informa al Congreso sobre reposición de Patricia Benavides
Mediante un oficio formal, la Junta Nacional de Justicia informó al Parlamento su decisión de restituir a Benavides en el cargo. Mientras tanto, persiste la incertidumbre institucional sobre quién lidera el Ministerio Público.
Foto y video: Canal N
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) volvió a exigir el cumplimiento inmediato de su resolución N.º 231-2025-JNJ, que dispone la restitución de Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación. La medida fue reiterada en un oficio dirigido al Congreso, donde además se recordó que, de persistir el desacato, podría solicitarse el uso de la fuerza pública.
¿Qué contiene el oficio enviado al Congreso?
El documento fue remitido por el secretario general de la JNJ, Jorge Carlos Matienzo Luján, al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez. En el texto se pone en conocimiento del Parlamento la resolución emitida el pasado 12 de junio, para “los fines correspondientes”.
Este pronunciamiento se suma al comunicado difundido el 23 de junio, en el que la JNJ demandó que la fiscal suprema Delia Espinoza dé cumplimiento inmediato a la medida.
¿Se ejecutó la reposición de Patricia Benavides?
Hasta ahora, no se ha reportado ningún acto formal del Ministerio Público que oficialice el retorno de Patricia Benavides a la titularidad. Ella sigue recibiendo resguardo policial como fiscal suprema, pero no se le reconoce formalmente como fiscal de la Nación.
En paralelo, se mantienen las tensiones internas en el Ministerio Público. Según fuentes extraoficiales, una reunión clave para definir la titularidad fue suspendida, lo que agudiza la incertidumbre sobre quién encabeza actualmente la institución.
¿Qué medidas ha anunciado la JNJ ante el desacato?
La JNJ ha advertido que, si no se acata la reposición, se podría solicitar el apoyo de la fuerza pública. En su resolución se precisa que la medida debe cumplirse conforme al artículo 3 del documento, y no deja lugar a dilaciones.
También se invocó el artículo 213 de la Ley N.º 27444, que permite a la administración pública anular de oficio actos que vulneren el debido proceso. En ese marco, la reposición de Benavides fue declarada válida como acto de autotutela administrativa, descartando una posible interferencia con el Poder Judicial.
La situación, sin embargo, continúa en desarrollo, mientras se espera una definición institucional que zanje el conflicto abierto en el Ministerio Público.
RELACIONADAS
