Subcomisión de Acusaciones archiva denuncia contra Katy Ugarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda el archivo definitivo de la denuncia contra la legisladora Katy Ugarte. La parlamentaria era investigada por la presunta comisión de delitos relacionados con el recorte de haberes a los trabajadores de su despacho congresal.

La decisión fue adoptada tras una sesión donde se registraron siete votos a favor de la propuesta de archivo, dos abstenciones y ningún voto en contra. Este resultado administrativo cierra el proceso en dicha instancia tras varios meses de diligencias y recojo de testimonios sobre el manejo del personal en el entorno de la congresista.

¿Por qué se decidió archivar la denuncia contra Ugarte?

El informe técnico concluyó que no existe evidencia física suficiente para acreditar que la legisladora haya incurrido en infracciones constitucionales o delitos penales. Durante la etapa de investigación, el equipo encargado analizó los descargos presentados y la documentación remitida para determinar la veracidad de los hechos imputados.

De acuerdo con el documento, diversos colaboradores y extrabajadores del despacho negaron haber sido coaccionados para entregar parte de sus remuneraciones. Estas declaraciones generaron contradicciones respecto a la versión inicial de los denunciantes, debilitando el sustento probatorio necesario para continuar con la acusación formal ante el pleno.

¿Quiénes votaron a favor de esta decisión en el Congreso?

La propuesta de archivo contó con el respaldo de los congresistas Martha Moyano y Arturo Alegría, ambos integrantes de la bancada de Fuerza Popular. También se sumó al voto favorable el parlamentario Jorge Montoya, quien participó activamente en la sesión donde se dio lectura a las conclusiones finales del expediente.

Por otro lado, la presidencia de la subcomisión, a cargo de Lady Camones, optó por la abstención durante el conteo de los votos. Pese a estas posturas neutras, el informe logró superar el umbral requerido al no registrarse ninguna oposición directa por parte de los demás integrantes del grupo de trabajo legislativo.

¿De qué se le acusaba exactamente a la parlamentaria?

La denuncia original sostenía que tres trabajadores de confianza de Ugarte fueron obligados a ceder un porcentaje de sus sueldos mensuales. Según los testimonios recogidos durante las etapas iniciales del caso, el dinero recolectado era supuestamente enviado a la ciudad de Cusco para financiar publicidad en medios locales.

El objetivo de estos pagos habría sido mejorar la percepción pública de la legisladora en su región de representación. Sin embargo, al no hallarse registros bancarios o comunicaciones directas que vinculen a la parlamentaria con una orden de cobro, la subcomisión determinó que las imputaciones no superaron la fase de sospecha razonable.