Ingeniera asesinada en La Libertad: no acusan feminicidio

Había logrado uno de sus sueños: convertirse en ingeniera industrial. A los 23 años, Stephany Portilla Guerrero se preparaba para iniciar una carrera prometedora cuando fue brutalmente asesinada. Su caso ha estremecido a todo el norte del país, no solo por la violencia del crimen, sino por el fallo judicial que no calificó su muerte como feminicidio, pese al historial de agresiones sufridas por la joven a manos de su pareja.

La historia de Stephany no es solo un retrato de una vida truncada, sino también un reflejo del sistema de justicia que, según su familia, sigue sin actuar con contundencia frente a la violencia de género. En Chepén, La Libertad, los padres, amigos y vecinos de la víctima claman por justicia.

¿Quién era Stephany Portilla y qué futuro se había forjado?

Stephany era una joven carismática, querida por su comunidad y con una sólida formación profesional. Había culminado recientemente su carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad César Vallejo y soñaba con iniciar su vida laboral. Su familia recuerda con orgullo el día de su sustentación de tesis y la ilusión con la que hablaba de su futuro.

Más allá de su carrera, Stephany era apasionada del baile, la música y los caballos. Participó en actividades escolares, fue reina de la primavera y disfrutaba viajar por el Perú. Sus redes sociales estaban llenas de fotos sonrientes, que hoy son parte de los recuerdos que su familia atesora.

¿Cómo era su relación con el principal sospechoso?

Desde su adolescencia, Stephany mantuvo una relación sentimental con Juan Enrique Muguerza Espinoza, un futbolista local. Según su entorno más cercano, la relación se tornó cada vez más violenta con el paso de los años. Testimonios de su madre, primos y amigos indican que Stephany sufrió constantes agresiones físicas y psicológicas.

En varias oportunidades intentó alejarse, pero siempre regresaba tras promesas de cambio. Sus familiares aseguran que les mostró moretones, contó amenazas y que incluso temía por su vida. Su madre declaró que Stephany llegó a confesarle que Muguerza le dijo que la iba a matar.

¿Qué ocurrió el día del crimen?

La noche del crimen, cámaras de seguridad captaron a Stephany siendo golpeada y arrastrada por una camioneta. Los transeúntes intentaron ayudarla, pero la agresión fue brutal. Un día antes, había asistido a una función de circo con su pareja. Las imágenes que en su momento parecían reflejar alegría, hoy revelan el último día con vida de una mujer que vivía bajo temor.

Tras el ataque, Muguerza fue detenido. Sin embargo, el caso no fue tipificado como feminicidio, a pesar del historial de violencia. La escena del crimen, las denuncias previas y los testimonios fueron considerados insuficientes para sustentar la acusación bajo esa figura legal.

¿Por qué el caso no fue calificado como feminicidio?

El juez Wilson Manayalle Sánchez dictó prisión preventiva por seis meses, pero solo por el delito de posesión de municiones. La calificación de feminicidio fue descartada por el magistrado, lo que generó rechazo e indignación entre los familiares de Stephany y organizaciones feministas.

La familia considera que hubo negligencia por parte del sistema de justicia. Denuncian además que el acusado tendría vínculos de cercanía con algunas autoridades policiales de Chepén, lo cual, sospechan, podría haber influido en la decisión judicial.

¿Cómo ha reaccionado la sociedad frente al caso?

La indignación trascendió lo familiar. En ciudades como Chiclayo, Trujillo y La Libertad, se realizaron marchas en las que cientos de ciudadanos exigieron justicia. Con pancartas, globos blancos y velas, el clamor por Stephany resonó en las calles. “Ni una menos, nunca más” y “Justicia para Stephany” fueron algunas de las frases coreadas por los manifestantes.

El caso ha reactivado el debate sobre la respuesta del Estado frente a los feminicidios, especialmente cuando hay antecedentes documentados. En los últimos días, se ha intensificado la presión social para que la tipificación del delito sea reconsiderada.

¿Qué piden sus familiares y qué esperan del Estado?

Los padres de Stephany, devastados por su pérdida, no solo buscan justicia penal, sino también un reconocimiento pleno de lo que ocurrió: un feminicidio. Han solicitado apoyo a la ministra de la Mujer y reclaman que las autoridades actúen con mayor rigurosidad.

El padre de la víctima declaró que siente estar "nadando contra la corriente" y que, a pesar de las pruebas y denuncias previas, no se protege adecuadamente a las víctimas. La madre, por su parte, pide que se sancione al responsable como corresponde: por haber acabado con la vida de su hija en un contexto de violencia de género.

¿Qué evidencia existe contra el presunto feminicida?

Además de los testimonios, existen fotografías que muestran agresiones anteriores, publicaciones en redes sociales donde Stephany denunció el maltrato, y material audiovisual del día del crimen. Incluso, una imagen en la que Muguerza aparece empuñando un arma contradice su versión ante las autoridades, donde negó haber tenido algún tipo de armamento.

La familia insiste en que hay elementos suficientes para sustentar la figura de feminicidio y exigen que el Ministerio Público recurra la decisión judicial. Asimismo, hacen un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Justicia para que se garantice un debido proceso.

¿Qué significa este caso en el contexto nacional?

La historia de Stephany Portilla no es un hecho aislado. Forma parte de una dolorosa realidad: la violencia contra la mujer en el Perú sigue cobrando vidas, muchas veces sin una respuesta adecuada del sistema judicial. Solo en lo que va del año, decenas de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

• Stephany Portilla, ingeniera de 23 años, fue asesinada en Chepén.

• Su pareja, con antecedentes de violencia, fue detenida tras el crimen.

• Cámaras captaron la agresión y existen denuncias previas.

• El juez solo dictó prisión preventiva por posesión de municiones.

• La familia exige que el caso sea tipificado como feminicidio.

• Marchas en varias ciudades del norte piden justicia.

• Denuncian posibles vínculos del acusado con autoridades locales.

• Solicitan intervención de la ministra de la Mujer y del Ministerio Público.