Hija política de César Acuña reconoce no tener maestría

Yessenia Lozano, funcionaria del Congreso y nuera política de César Acuña, es investigada por presuntamente haber hecho propaganda electoral desde su despacho.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro Uno concluyó que vulneró la neutralidad al promover a su agrupación política, Alianza para el Progreso (APP), y a su líder.

Uno de los elementos clave fue la presencia de una gran fotografía de César Acuña en su oficina. Además, según el informe, sostuvo reuniones con alcaldes y funcionarios cercanos a APP, lo que podría considerarse como uso indebido de recursos públicos en plena campaña.

Aunque Lozano no ha dado declaraciones, los cuestionamientos públicos y legales continúan creciendo. El Congreso, a través de un comunicado respaldado por su titular, Eduardo Salhuana, defendió a Lozano.

Aseguraron que cumplía con los requisitos técnicos, incluso indicando que contaba con una maestría. Sin embargo, la propia Lozano reconoció luego que no tiene el título, aunque afirmó haber culminado sus estudios.

Este punto abrió otro frente de críticas, ya que su formación proviene del Centro de Altos Estudios de Defensa Nacional, una entidad del Ministerio de Defensa que no tiene categoría universitaria ni emite títulos de maestría oficialmente reconocidos.

A pesar de la controversia, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, ratificó su permanencia en el cargo y negó que se le haya otorgado privilegios como seguridad personal.

¿Qué investigaciones están en curso?

Actualmente hay dos procesos abiertos. El primero lo realiza la Comisión de Procesos Administrativos Sancionadores del Congreso, con un plazo de 45 días para emitir un pronunciamiento sobre su conducta. El segundo está a cargo del Ministerio Público, que también ha abierto una investigación preliminar.

Estos procesos buscan determinar si se cometió una infracción al principio de neutralidad, obligación de todo funcionario durante una campaña electoral. De confirmarse la falta, Lozano podría enfrentar sanciones administrativas o legales.

Mientras tanto, ella continúa trabajando en su cargo con un sueldo mensual de S/ 19,000, monto que el Congreso justificó por ser similar al de otros jefes de oficina.

Este caso pone en discusión el uso político de cargos públicos y cómo ciertos funcionarios podrían estar beneficiando a sus agrupaciones desde el Estado. Si eres un joven preocupado por la equidad en las elecciones y el uso correcto de los recursos públicos, este tema debería interesarte.

Además, plantea preguntas sobre cómo se seleccionan a los altos funcionarios en el Congreso y si los méritos académicos realmente se valoran al momento de asignar responsabilidades. Casos como este afectan la confianza en las instituciones y el respeto a las reglas durante las campañas electorales.