Gobierno anula permisos para excavaciones en la Alameda Chabuca

El Gobierno decidió anular los permisos otorgados para realizar excavaciones arqueológicas en el Centro Histórico de Lima, específicamente en la Alameda Chabuca Granda. Esta acción fue solicitada por Palacio de Gobierno y ejecutada por el Ministerio de Cultura, que argumentó razones de seguridad.

Según el informe emitido por la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, las intervenciones comprometían el perímetro de protección de la sede presidencial y aumentaban el riesgo frente a amenazas externas.

El equipo de arqueología de Prolima se verá obligado a detener todas las investigaciones en un plazo de quince días. Además, deberá tapar las estructuras descubiertas y restaurar las áreas verdes, lo que podría afectar de manera irreversible elementos patrimoniales de alto valor.

¿Qué estructuras arqueológicas serán cubiertas por orden del Gobierno?

Las excavaciones arqueológicas habían revelado vestigios de la Lima fundacional. Entre ellos destacan el Arco del Puente, el primer puente de ladrillos de la ciudad, y el Molino de don Jerónimo de Aliaga.

Estas estructuras forman parte del legado arquitectónico de la época virreinal y constituyen piezas clave para entender los orígenes de la capital.

Prolima advirtió que cubrir nuevamente estas zonas con cemento y áreas verdes no solo detendría las investigaciones, sino que también generaría humedad que deterioraría los materiales.

La recomendación oficial implica cerrar el área, colocar cercos y evitar el paso de peatones, medida que ha sido calificada como contradictoria por los especialistas.

¿Por qué se argumenta que hay un riesgo para la seguridad presidencial?

El informe que sustenta la anulación de los permisos señala que las excavaciones arqueológicas alteran los anillos de seguridad establecidos por la Policía Nacional.

La presencia de equipos técnicos, obreros y maquinaria podría representar un obstáculo en las acciones de vigilancia y prevención de amenazas contra Palacio de Gobierno.

Además, se menciona que la intervención expone la sede presidencial a posibles actos terroristas o acciones delictivas. Esta evaluación fue suficiente para que el Ministerio de Cultura anulara las autorizaciones emitidas previamente, paralizando los trabajos en una zona estratégica del centro histórico.

¿Qué consecuencias tendrá esta paralización para el patrimonio cultural?

La decisión afecta directamente el proyecto de recuperación patrimonial que Prolima desarrollaba en la zona. Las excavaciones arqueológicas no solo tenían un valor científico, sino que también estaban integradas a iniciativas de renovación paisajística y urbana.

Tapar los hallazgos con concreto y áreas verdes representaría una pérdida para la memoria histórica de la ciudad.

Ernesto Olazo, coordinador del equipo arqueológico de Prolima, declaró que esta medida representa una afectación a la identidad cultural. "Pierde Lima, pierde la ciudad, pierde la identidad nacional", señaló al referirse a las estructuras que volverán a quedar enterradas sin posibilidad de investigación.

¿Cuánto se ha invertido y qué se perdería si no se revierte la medida?

Hasta el momento, el proyecto ha significado una inversión de aproximadamente medio millón de soles. Esa suma corresponde a los trabajos de campo, análisis de vestigios y planificación urbanística vinculada al hallazgo de estas estructuras virreinales.

La decisión de anular los permisos paraliza este esfuerzo e invalida los recursos empleados por el municipio.

Los investigadores señalan que no se trata solo de un proyecto académico. Las excavaciones arqueológicas estaban pensadas para integrarse a circuitos turísticos, espacios de educación y memoria urbana, lo que incrementaba su valor a largo plazo.

¿Qué acciones legales evalúa Prolima para revertir esta decisión?

El equipo de Prolima ha manifestado su intención de presentar una medida cautelar. Esta será gestionada a través de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima, con el objetivo de detener la ejecución de la resolución ministerial.

Los arqueólogos insisten en que su presencia no representa un peligro para la presidenta ni para la sede gubernamental.

Ernesto Olazo fue enfático al señalar: "Nosotros no representamos como arqueólogos o como Prolima ningún factor de riesgo o de amenaza a la seguridad de la presidenta". La posición del equipo es que la protección patrimonial no debería estar subordinada sin más a medidas de seguridad.

¿Cómo afecta esta medida al espacio público y a los limeños?

Además del impacto en el patrimonio, la medida también tiene consecuencias para el uso del espacio público. Las excavaciones arqueológicas estaban ubicadas en una zona de alto tránsito y visibilidad en el Centro Histórico.

Al tapar las estructuras y cercar el área, se limitará el acceso de peatones sin permitir el uso del lugar ni su recuperación cultural.

Para los ciudadanos, esto implica la pérdida de una oportunidad de conectar con la historia de su ciudad. Los hallazgos no solo documentan el pasado, sino que permiten comprender la evolución del entorno urbano y refuerzan la identidad colectiva de Lima como capital.

¿Qué dicen los especialistas sobre el precedente que sienta esta decisión?

Esta es una de las pocas ocasiones en que un proyecto arqueológico activo es interrumpido por una orden presidencial con justificación en temas de seguridad. Los expertos advierten que, de mantenerse esta medida, podría abrirse la puerta a nuevas restricciones sobre investigaciones similares en zonas estratégicas.

Las excavaciones arqueológicas forman parte de un marco legal que protege el patrimonio cultural, y su cancelación por razones administrativas o de seguridad debe ser evaluada con criterios técnicos rigurosos. De lo contrario, se corre el riesgo de socavar el rol de las investigaciones en la preservación de la historia urbana.

El Ministerio de Cultura anuló los permisos para excavaciones arqueológicas en la Alameda Chabuca Granda tras un pedido de Palacio de Gobierno, que alegó riesgos de seguridad para la presidenta. Esta medida afecta vestigios virreinales de alto valor patrimonial, como el primer puente de ladrillos de Lima y el Molino de Aliaga. Prolima deberá tapar las estructuras en quince días, pero evalúa acciones legales para revertir la orden. Especialistas advierten que la decisión puede dañar de forma irreversible el legado fundacional de la capital peruana.