Hoy:

    Fiscalía pide suspender al general Víctor Zanabria por 18 meses

    El Ministerio Público acusa al jefe de la Policía de ordenar trabajos de albañilería con agentes en horario laboral. El pedido está en evaluación judicial.

    Foto y video: Canal N

    ¿Por qué la Fiscalía quiere suspender a Víctor Zanabria?

    La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que suspenda por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria. El pedido se basa en presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en la Región Policial Arequipa, donde habría utilizado agentes en trabajos de construcción mientras estaban oficialmente asignados al patrullaje.

    La medida es preventiva y no significa que se haya dictado una condena. Sin embargo, forma parte de una investigación que incluye los presuntos delitos de peculado doloso y abuso de autoridad, figuras que castigan el mal uso de recursos públicos y el aprovechamiento del cargo.

    ¿Qué hizo Víctor Zanabria cuando era jefe en Arequipa?

    Según la acusación fiscal, Zanabria habría ordenado que seis agentes de la Policía trabajen como albañiles y electricistas en obras dentro del complejo policial, durante sus turnos de patrullaje. Esto habría ocurrido en 2020, cuando lideraba la IX Macro Región Policial.

    Los efectivos, que ahora figuran como testigos protegidos, aseguran que estas órdenes se dieron directamente o a través de mandos intermedios. Los documentos oficiales muestran que, en el papel, ellos debían patrullar las calles, pero en la práctica estaban levantando paredes y cableando oficinas.

    ¿Quiénes declararon en contra del general Zanabria?

    Entre las voces más importantes está la de la mayor PNP Claudia del Castillo, quien lideraba el Escuadrón Verde de Arequipa. Ella declaró ante la Fiscalía Anticorrupción que recibió instrucciones directas del entonces jefe policial para ubicar a personal con conocimientos en albañilería, electricidad o gasfitería. Estas personas debían figurar como patrulleros, pero cumplir tareas de construcción.

    También declaró Claver Colquehuanca, maestro albañil contratado para la obra. Dijo que recibió una transferencia de más de S/ 17 mil, cuando el acuerdo verbal era por un monto menor. Al reclamar, asegura que Zanabria le respondió que cobrara todo y luego le entregara la diferencia.

    ¿Qué pruebas tiene la Fiscalía contra Zanabria?

    El expediente contiene declaraciones, transferencias bancarias, actas de conformidad, órdenes de servicio y comunicaciones internas. Uno de los puntos clave son los depósitos hechos por el contratista a cuentas de policías que trabajaban en logística. También se detectaron coincidencias entre llamadas telefónicas y la firma de contratos.

    Además, el informe de Panorama reveló que los jóvenes suboficiales utilizados para las obras recién habían egresado de la escuela policial, lo que agrava la denuncia, pues estarían en una situación de mayor vulnerabilidad frente a órdenes jerárquicas.

    ¿Zanabria aceptó los cargos o se defendió?

    Hasta el momento, Zanabria ha negado todas las acusaciones. Aunque no ha ofrecido una conferencia de prensa, ha manifestado que nunca dio órdenes ilegales y que todo lo que se hizo durante su gestión fue para mejorar la infraestructura policial.

    En junio, declaró ante el Ministerio Público como parte de la investigación formal. Se presentó con su abogado en la sede fiscal de Arequipa, donde reiteró que colaborará con todas las diligencias.

    ¿El general puede seguir en el cargo mientras lo investigan?

    Ese es el punto que ahora está en manos del Poder Judicial. La Fiscalía pidió su suspensión por 18 meses bajo el artículo 297 del Código Procesal Penal, que permite apartar temporalmente del cargo a funcionarios investigados por delitos que implican inhabilitación o riesgo de reincidencia.

    Si el Poder Judicial aprueba el pedido, Zanabria deberá dejar el cargo mientras dura el proceso, lo que implicaría un cambio inmediato en la cúpula de la Policía. El Gobierno tendría que nombrar un nuevo comandante general de manera interina o permanente.

    ¿Hay otros policías implicados en el caso?

    Sí. Además de Zanabria, están siendo investigados los coroneles Francis Alarcón Gallegos y Luis Cancela Roggero, el suboficial Rodríguez Bilbao, la mayor Claudia del Castillo y el propio contratista Colquehuanca Quispe. Todos formaban parte de la estructura policial o participaron en las obras cuestionadas.

    La Fiscalía sostiene que se ejecutaron remodelaciones sin contratos adecuados y con recursos de la propia Policía. También se acusa a los implicados de simular servicios y falsificar documentación para justificar los gastos.

    ¿Qué tipo de obras se realizaron?

    Las labores incluyeron remodelación del patio de armas, instalación de piedra laja en la fachada y trabajos en el cenotafio del complejo policial. Todo fue financiado supuestamente con fondos públicos, pero sin procesos regulares de contratación ni licitaciones.

    Los testigos indican que trabajaban en turnos extendidos, con horarios distintos a los de patrullaje, y sin recibir remuneración adicional. Esto podría constituir explotación laboral dentro de una institución del Estado.

    ¿Qué sigue en el proceso judicial?

    El Poder Judicial deberá programar una audiencia pública para evaluar el pedido fiscal. En esa sesión, la jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria escuchará los argumentos del Ministerio Público y de la defensa del general Zanabria. Luego decidirá si acepta o rechaza la suspensión preventiva.

    Mientras tanto, la investigación preparatoria continúa su curso. Según la Fiscalía, existen suficientes elementos de convicción para sostener las imputaciones y evitar el riesgo de que los hechos vuelvan a ocurrir si el imputado sigue en el cargo.

    El futuro de Víctor Zanabria como jefe de la Policía Nacional del Perú está en manos del Poder Judicial. La Fiscalía ha reunido testimonios, transferencias bancarias y documentos que, según su interpretación, confirman el uso irregular de recursos humanos y fondos públicos durante su paso por Arequipa.

    La decisión sobre su suspensión no solo marcará un precedente dentro de la institución policial, sino que también pondrá a prueba el compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción, incluso dentro de sus cuerpos de seguridad.