La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha decidido presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, Boluarte argumenta que ha habido un menoscabo en el ejercicio de sus competencias y funciones debido a una presunta injerencia por parte de estas instituciones.
Este acto del Ejecutivo busca salvaguardar la autonomía de las funciones presidenciales y garantizar que no haya interferencias indebidas en su gestión.
Esta acción se produce en respuesta a una investigación anunciada por la Fiscalía de la Nación respecto al caso Rolex.
De acuerdo al oficio 701-2024, de fecha 17 de mayo, la Secretaría del Consejo de Ministros remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros la certificación del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Ministros realizada el 17 de mayo.
En dicha sesión se otorgó autorización para interponer la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La presidenta de la República ha designado al presidente del Consejo de Ministros para que presente la demanda y la represente en el proceso, conforme a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento Legislativo número 1326.
Asimismo, se ha dispuesto que el procurador público especializado en materia constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en este proceso competencial.
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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizó la audiencia de tutela de derechos interpuesta por la defensa de la presidenta Dina Boluarte, en la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otros.
El abogado Eduardo Barriga Bernal, defensor de la mandataria, sustenta que la Fiscalía ha vulnerado los derechos a la defensa y el debido proceso de su defendida, así como ha realizado diligencias preliminares sin presencia de su abogado.
La tutela de derechos también busca que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aperciba al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, para que complete las diligencias preliminares según el plazo de 60 días, por Ley, y garantice el debido procedimiento de la investigación.
Por su parte, el fiscal Hernán Mendoza Sandoval y el representante de la Procuraduría General del Estado, Milton Vílchez Grández, solicitaron al Juzgado declare infundada la tutela de derechos, porque no se ha afectado ningún derecho, entre ellos el de la igualdad procesal, como señala la defensa de la investigada.
