Congreso: Primera luz verde a retorno de inmunidad parlamentaria

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que propone restablecer la inmunidad parlamentaria. Este dictamen todavía necesita una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria para convertirse en norma, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución.

La propuesta plantea que la inmunidad solo aplicará a los futuros congresistas del Congreso bicameral desde 2026. No cubrirá delitos cometidos antes del mandato ni procesos civiles o administrativos.

¿Por qué se quiere restablecer la inmunidad parlamentaria?

Según Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, se trata de una figura necesaria para proteger a los legisladores de presiones externas. Aseguró que no es un privilegio, sino una medida presente en otras democracias para garantizar el cumplimiento del rol fiscalizador.

El dictamen aprobado incorpora limitaciones, como el “silencio positivo” en las decisiones judiciales, lo que significa que si no se responde a tiempo una solicitud para procesar a un congresista, se considerará autorizada.

¿Esto significa que los congresistas no podrán ser juzgados?

Desde el Congreso se ha aclarado que la inmunidad no significa impunidad. El congresista Wilson Soto (Acción Popular) explicó que no cubrirá delitos anteriores al mandato ni procesos administrativos. Tampoco blindará a los actuales parlamentarios.

La medida busca evitar que los congresistas enfrenten denuncias sin sustento o presiones judiciales que interfieran con su labor legislativa. Sin embargo, aún genera desconfianza entre la ciudadanía.

¿Quiénes están en contra y por qué?

Una de las voces más críticas fue la de la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), quien considera que la inmunidad ha sido usada más para proteger a políticos que para garantizar su labor. Señaló que incluso en casos de flagrancia, se necesitará autorización del Congreso, lo que puede favorecer la impunidad.

Para ella, la percepción ciudadana es clara: se trata de un privilegio político. Advirtió que la medida puede afectar la ya debilitada credibilidad del Parlamento ante la opinión pública.